Chapultepec y Salta

El Perú es uno de los países donde el respeto a la libertad de prensa y al derecho a las libertades de opinión, información y expresión se han garantizado en los últimos 20 años. El fin del fujimorismo supuso una ruptura con un modelo de comunicación en el que predominaba la mordaza, el amiguismo, el favoritismo, la persecución y la desinformación.

Los gobiernos que llegaron después de la década siniestra lograron, en parte, desarticular el tinglado ilegal que hizo posible “la buena prensa” de la que gozó el expresidente Fujimori, actualmente condenado y preso.

Para lograrlo, existen instrumentos con los que cuenta la comunidad internacional para establecer lineamientos destinados a elevar la calidad del producto informativo que llega al lector, quien es el centro de la atención y preocupación de los medios de comunicación y del propio periodismo.

Uno de ellos es la Declaración de Chapultepec, un decálogo que promueve las libertades de expresión y de prensa, establecido en 1994. A él se adiciona la Declaración de Salta, correspondiente al 2018, en el que se actualizan los compromisos con las libertades en el campo de la comunicación digital.

Son muchos países del hemisferio norte y sur los que se han sumado a esta iniciativa democrática y que vela por el respeto de estos derechos universales. La OEA, la Comisión Interamericana de DDHH, la SIP, entre otras, son impulsoras de este compromiso. Por ello, un grupo de organizaciones peruanas que velan por el pleno respeto y vigencia de la libertad de expresión, entre ellas el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS, APEP, Proética y Transparencia, solicitaron al presidente Castillo que suscriba las declaraciones, en fecha aún no determinada.

Urge, en el campo gubernamental, la actualización de protocolos que normalicen el trato con la prensa. En las 5 semanas transcurridas se han venido dando “encontronazos” con los medios independientes. La vicepresidenta Dina Boluarte, por ejemplo, ha querido cuestionar las preguntas en una conferencia por no abordarse temas de interés del Ejecutivo y plantea que prensa y Gobierno deben “hermanarse”.

Sería útil que con la suscripción de las Declaraciones de Chapultepec y Salta se renueven los valores y principios del periodismo con los ciudadanos y se garantice su derecho a información veraz, objetiva, independiente. Todo ello en el marco de una prensa libre, como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. (Chapultepec, 1994). “Urge, en el campo gubernamental, la actualización de protocolos que normalicen el trato con la prensa”.