Ica: ¿leyes laborales del siglo XVII?

Este es el primer gran conflicto social que enfrenta al capital y al trabajo en muchos años. De un lado, las empresas agroindustriales que exportan varios miles de millones de dólares en paltas, espárrago, uvas y arándanos y que solo pagan la mitad del impuesto a la renta (15%). De otro, decenas de miles de trabajadores sometidos a un régimen de excepción, en pésimas condiciones laborales y sin posibilidad de formar sindicatos para defender sus derechos.

Este conflicto se veía venir desde hace tiempo. Es una película que comenzó hace años y hoy estamos viendo las últimas escenas todos los días en la TV y los diarios. No necesita comentarios adicionales. El régimen de excepción comenzado en octubre del 2000 con la Ley 27360 se suponía que era temporal. Pero se ha prorrogado varias veces, la última hace solo unos meses con el DU-043-2019 promulgado por Vizcarra, que lo prolonga hasta el 2031. ¿Temporal, dijeron?

Somos partidarios del apoyo a las industrias nacientes, que muchas veces necesitan muletas e incentivos para salir adelante (el libre mercado no sirve acá). El caso más llamativo es el gas de Camisea, que tuvo depreciación acelerada, pago de aranceles prorrogado a 7 años, garantía para el gasoducto y demanda asegurada por el Estado con la central de Ventanilla.

Igual para la agroindustria. La clave: ¿en qué momento estas empresas dejan la “segunda división” y ascienden a “primera”? Muchas hace rato ya están graduadas: en el 2017, Camposol, Virú, Danper Trujillo y Drokasa exportaron 243, 167, 151 y 107 millones de dólares, respectivamente. Son empresas internacionalizadas, con créditos del BID, de la CFI del Banco Mundial y emiten bonos en el mercado internacional.

Hace poco, el MEF dijo: “Pese al importante crecimiento del sector, el incremento de la recaudación no ha sido proporcional. Entre los años 2012 y 2019 los valores de exportación agropecuaria crecieron 115,5%, mientras que los ingresos de renta del régimen agrario se incrementaron solo en 29,2%” (Informe 109-EF, 14 oct). O sea que el 15% que pagan tampoco aumenta como debería. Agrega el MEF que por eso la SUNAT dejó de recaudar S/ 421 millones en el 2020.

Se dice también que con este régimen se ha reducido la pobreza en dichas provincias. Cierto. Pero no se dice que en las provincias aledañas la tendencia ha sido la misma pues ambas redujeron la pobreza en 35 puntos porcentuales entre el 2004 y el 2016 (ver gráfico con link al estudio de Eduardo Zegarra).

¿No es hora ya entonces de que las grandes empresas agroindustriales pasen a “primera” y termine este régimen de excepción? ¿Y que solo queden allí las que recién están “subiendo”? Eso debería ser. El argumento es que la actividad agrícola es estacional y necesita ese régimen. Pero algo similar sucede en la actividad de construcción civil (las obras terminan) y la solución está en la negociación colectiva por rama. ¿Se puede implementar ese sistema para el agro? Claro que sí.

Hay una agenda encubierta: el objetivo de los gremios empresariales es que este régimen de recorte de derechos se extienda a todos los sectores productivos y comerciales: “régimen agrario para todos”.

En síntesis, hay una enorme asimetría capital-trabajo. Los obreros reciben en un solo cheque –que roza el salario mínimo– su sueldo, la CTS y las “gratis”. Además, los “services” los llevan apiñados en buses y muchos no saben si trabajarán al día siguiente. Es contra eso que protestan los trabajadores del FRENTAGRI de Ica, muchos de ellos jóvenes, con razón y derecho.

El final de la película es que ese crecimiento se baja en terribles condiciones de trabajo. Eso debe cambiar. El conflicto debe resolverse por la vía del diálogo, que debe incluir a empresarios, trabajadores y el gobierno. En pleno siglo XXI el Perú no puede tener regímenes de trabajo del siglo XVII.