Me gustaría escribir que el Gobierno administra bien la emergencia sanitaria, pero no se puede.
Ayer, decenas de médicos, médicas, enfermeras y técnicos han hecho un plantón afuera del hospital Dos de Mayo, donde reciben cada día 100 pacientes con covid-19, el personal tiene que comprar con su dinero implementos de protección, cuidan una mascarilla N-95 “como oro” y la usan varias semanas porque las que les dan no sirven, médicos siguen en contratos ‘por tercera’ pese a que desde abril debieron pasar a contratación administrativa de servicios (CAS). Al inicio de la emergencia el 60% de los médicos dejó de trabajar por edad o comorbilidad: del 40% restante varios se han contagiado, y no hubo convocatoria laboral hasta el miércoles, luego de una denuncia en la prensa.
¿Más? Les han quitado ventiladores mecánicos que no podían instalar porque el sistema de extracción de aire está malogrado en una sala. ¿Qué costaba arreglarlo y así atender a los pacientes colocados en el estacionamiento?
También en el hospital Unanue hubo una protesta similar, y el hospital Negreiros lleva semanas con el mismo reclamo: allí se han contagiado 111 trabajadores.
Mientras tanto, en la Amazonía norte, en Nieva, un trabajador de ventanilla del Banco de la Nación ha dado positivo al virus. Pese a que las organizaciones indígenas pidieron que la ayuda −en alimentos− fuera entregada con un protocolo de bioseguridad, han puesto en riesgo a la población awajún y wampís que ha ido a cobrar el llamado ‘bono 380’.