Las cuatro familias, por Rosa María Palacios

Hace unos días, se distribuyó entre una serie de personalidades la Encuesta del Poder que por más de 40 años publica anualmente la revista Semana Económica (SE). La primera pregunta pide al encuestado que coloque, del primero al décimo, los nombres de las personas que, para bien o para mal, tienen poder en el Perú. Hice el ejercicio y me rendí pronto, pero mi resultado me confrontó con una realidad política que está pasando desapercibida. Hay un poder formal, inefectivo y un poder real, avasallador.

Mi lista definitiva de los 10 más poderosos es esta: Keiko Fujimori, César Acuña, Alberto Fujimori, Richard Acuña, Vladimir Cerrón, Luis Galarreta, Miguel Torres, José Luna Gálvez, Valdemar Cerrón y Nicanor Boluarte. La presidenta Dina Boluarte iría en el puesto decimoprimero porque creo que cualquiera de los 10 anteriores tiene una mayor capacidad de influir en el curso de los acontecimientos en el país. A diferencia del año 2023, en el que Alberto Otárola iba empatado con ella en el primer lugar, la desaparición de él ha corrido paralela a la desaparición de ella. De los demás, no hay ningún ministro, solo un congresista y un gobernador, aunque ninguno de los dos esta en esa lista por sus facultades legales.

Usted puede hacer su propia lista y diferir profundamente. El ejercicio (que inventó Augusto Álvarez Rodrich cuando era director de SE) es finalmente un juego. Pero sirve para conocernos un poco mejor. Desde donde yo veo la política, me queda claro que la cuestión ya no está en ocupar puestos públicos, sino en controlarlos. Queda atrás la ideología o siquiera la construcción del bien común, cualquiera que sea este para los actores políticos. El sistema se ha mercantilizado a tal punto que cuatro familias, como clanes o tribus políticas, hoy controlan casi todos los espacios, ya sea vía en el control del Legislativo o del Ejecutivo.

Observemos a los menos poderosos del grupo, los Luna. Su modelo es el del Airbnb político. Dan alojamiento temporal en su casa, no importa dónde hayas dormido la noche anterior y dónde vas a dormir mañana. Así, ganando cinco escaños en las elecciones del 2021, hoy tienen 14 congresistas. Ofrecen ventajas por volumen. ¿Intereses? La destrucción de Sunedu, por ejemplo, asunto en el que han sido muy bien servidos. Ya viene el proyecto de ley de “normalización” de universidades que no lograron sacar licencia, pero han tenido logros importantes en estos días como el del licenciamiento perpetuo de las universidades.

Los Cerrón están en el grupo porque, aunque vociferantes simuladores de izquierda radical, para cualquier observador queda claro que esa no es oposición. La familia, conjuntamente con los Fujimori y los Luna, necesita relajar las normas penales que los persiguen. Desde la criminalidad organizada reducida a nada hasta el allanamiento con aviso previo. Desde las prescripciones oportunas hasta la perdida de extinción de dominio. Todo sea para obtener dos cosas: impunidad y permanencia en la parcela de poder. Pese a toda la retórica cubano chavista, son socios del fujimorismo en el poder.

Los Acuña son los únicos que actualmente no tienen sentenciados o camino a estarlo dentro de su casa. Tienen también vocación hotelera, aunque con menos éxito que los Luna. Ganaron 15 escaños el 2021 y actualmente tienen 14 debido a un juego de las sillas parlamentario que los hizo perder mucho. Sin embargo, sus buenas relaciones con la casa Fujimori les ha permitido mantener la presidencia del Congreso y dar trámite a asuntos de interés común. Además de la destrucción de la reforma universitaria, asunto en el que tienen interés directo, se unen con facilidad a darle curso a iniciativas que favorecen economías ilegales. Muy serviciales con el lobby forestal que logró la “regularización” de lo depredado y con el de la minería ilegal, sus intereses en materia penal se alinean con las otras familias.

Los Fujimori tienen la bancada más grande, conservando 21 de 24 congresistas electos. Confluyen en los mismos intereses con las familias anteriores, pero tienen un interés mayor: controlar el sistema judicial y, sobre todo, el sistema electoral. Tal como lo lograron en los noventa, en la escuela de Montesinos, si no tienen ese dominio, creen estar perdidos. Nunca han podido evaluar las tres derrotas de Keiko por sus propios deméritos, sino como buenos fraudistas, por causas ajenas inverosímiles como la acción de “los caviares” o cualquier otro disparate similar. El caso cocteles o la exculpación del sentenciado Alberto define también su actuación política, pero son incapaces, igual que las otras tres familias aliadas, de construir algo. Su propuesta no es liberal, es mercantilismo puro y duro. Desde empresas (de las legales o las ilegales) hasta militares violadores de derechos humanos son la clientela que buscan servir.

Los Boluarte tiene poder, pero como los primos en bancarrota. Pronto van a salir de escena. Decoran, pero ni eso lo hacen bien. López Aliaga resultó demasiado loco para las cuatro familias, desconociendo contratos de concesión y hundiéndose en la impopularidad de una pésima gestión. Hasta los más leales de su bancada (y más cercanos al pacto de las familias) lo abandonaron. Aporta o puede aportar el evangelismo conservador protestante que recorre, de forma más convenida que real, otros grupos políticos. Más que eso, nada. Avanza País tampoco califica como familia porque, vencido su mandato, no será más que un cascarón que hace de furgón de cola para lo que se ofrezca, sobre todo en materia de archivar para los amigos y denunciar a los enemigos. Le dan la tercera vicepresidencia del Congreso como premio consuelo y más no va a obtener con tan poco.