Martillazos sobre una coladera

Los martillazos del gobierno para impedir las aglomeraciones y evitar el contagio del coronavirus están teniendo un éxito parcial, menor del esperado. Parece que ya se inició la meseta de la curva de contagios, que no sabemos cuánto durará para luego iniciar el descenso. Ahora el gobierno está pasando de los martillazos al baile de los tratamientos focalizados por regiones, zonas y mercados.

Pero los martillazos y la política sanitaria del gobierno no lograron impedir el alto nivel de contagio (62.000 personas) y de muertes (2.050 fallecidos) que coloca al Perú en el segundo lugar de los países contagiados de AL (después de Brasil), pese a que inició temprano la política de cuarentena. ¿Qué pasó? Mi hipótesis es que el resultado no tan exitoso de la política sanitaria se debe no tanto a los errores del gobierno como a los obstáculos que provienen de las estructuras políticas, económicas y sociales en las que opera.

Es innegable que el gobierno ha tenido y tiene errores, pero estos no están tanto en el campo político como en el económico. En este campo contrasta el débil apoyo focalizado a los pobres con el millonario respaldo financiero a las grandes empresas. El apoyo a los pobres ha sido insuficiente, mal distribuido y lento, y no ha contribuido mucho a la eficacia de los martillazos.

Los problemas estructurales que limitan la eficacia de la política sanitaria gubernamental son las incapacidades del Estado, la informalidad laboral y la desigual distribución del ingreso. Las élites gobernantes, especialmente las de los últimos 30 años, han construido un Estado eficaz para atender los intereses particulares de los poderosos, pero incapaz para atender los intereses generales de los ciudadanos.

Lo mismo pasa con la informalidad laboral y la desigualdad económica. Estas son las puntas de un hilo que nos conducen a una estructura económico-social excluyente. El sistema económico formal es incapaz de absorber la oferta de trabajo que asciende a más de 300 mil personas cada año. Solo 98 mil obtuvieron un trabajo formal y 239 mil se convirtieron en informales en el 2018, según el INEI.

La mayoría del 72% de la PEA que son informales tiene bajos ingresos, es pobre o muy pobre. No es el alto costo de la formalidad, sino la incapacidad del sistema productivo para absorber la oferta laboral lo que produce la informalidad laboral. Esta no tiene un origen legal, sino económico-social.