
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso en marcha una nueva estrategia con el fin de aumentar los arrestos de inmigrantes indocumentados durante las audiencias migratorias. Esta iniciativa se enfoca especialmente en aquellos que han residido en Estados Unidos por un tiempo relativamente corto. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida busca agilizar los procesos de deportación al desestimar casos que obstaculizan la implementación de procedimientos más rápidos.
La nueva directriz modifica las prioridades de ICE en las audiencias migratorias, enfocándose no solo en individuos con delitos graves, sino también en aquellos que llevan menos de dos años en el país sin estatus legal, lo que podría generar un aumento en las deportaciones.
Una normativa reciente permite que ICE arreste a inmigrantes indocumentados en el momento en que comparecen ante una corte de inmigración, siempre que su estancia en Estados Unidos no exceda los dos años. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordena cerrar sus procesos judiciales para facilitar su deportación mediante el procedimiento de expulsión expedita, el cual autoriza su remoción sin requerir una audiencia legal en desarrollo.
Esta política responde a la necesidad de agilizar los procesos en un sistema migratorio saturado y en medio de una creciente presión política para controlar la inmigración en Estados Unidos. Fuentes anónimas indicaron a medios nacionales que se espera un aumento considerable en los arrestos en audiencias migratorias, lo que modifica sustancialmente las estrategias tradicionales de ICE para arrestos.
Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos que tienen un tiempo de residencia menor a dos años enfrentan ahora mayores riesgos de ser detenidos y deportados en audiencias migratorias. Esta población se ve afectada por la rapidez con que se desestiman sus casos y la implementación de deportaciones aceleradas, procesos que limitan la posibilidad de defensa o solicitud de asilo.
El tema cobra relevancia en medio de batallas legales sobre el respeto a derechos fundamentales, como la correcta realización de entrevistas de temor creíble, que evalúan si el migrante corre peligro en el país al que sería deportado. Recientemente, un juez federal criticó al DHS por enviar a inmigrantes a Sudán del Sur sin cumplir con estos protocolos, evidenciando las tensiones entre las políticas migratorias actuales y los procesos judiciales.
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En la ejecución de estas redadas durante audiencias migratorias, ICE cuenta con el apoyo de diversas agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como de autoridades locales en ciertos estados. La cooperación entre ICE y policías estatales o agentes de la patrulla fronteriza es fundamental para llevar a cabo las estrategias de arrestos y deportaciones aceleradas.
Esta colaboración multiplica la capacidad operativa de ICE y ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos por el aumento de detenciones en distintas jurisdicciones. Las alianzas interinstitucionales forman parte de un esfuerzo coordinado para reforzar el control migratorio y responder a la creciente presión política sobre la migración irregular.
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