
Los inmigrantes que buscan regularizar su estatus en Estados Unidos se verán afectados por un incremento en los costos y por requisitos más estrictos, de acuerdo con un proyecto de ley que ha sido presentado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Según informa The Hill, los republicanos están impulsando esta propuesta como un elemento clave de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, con el objetivo de conseguir su aprobación antes de que termine el verano de 2025.
El proyecto, que consta de 116 páginas, plantea una reestructuración integral del sistema migratorio. Uno de los cambios más resaltantes es la implementación de una tarifa mínima de US$1,000 para aquellos que deseen solicitar asilo, proceso que era gratuito hasta ahora. Quienes apoyan la ley sostienen que la imposición de esta tarifa busca "distinguir entre quienes presentan solicitudes legítimas de asilo y quienes intentan ingresar gratuitamente a Estados Unidos", según reportó The Hill.
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El nuevo proyecto de ley, presentado por los republicanos del Comité Judicial, busca frenar el incremento de la migración, especialmente desde América Central y del Sur. Los inmigrantes que busquen protección bajo la figura de asilo deberán pagar la tarifa establecida, sin opción de exenciones o reducciones.
Además, el proyecto de ley también contempla la creación de un nuevo esquema de tarifas aplicable a otros trámites migratorios, afectando a quienes buscan visas o autorizaciones de empleo. Todo el dinero recaudado se destinaría al financiamiento de operaciones migratorias y de seguridad nacional, reforzando así los objetivos de control fronterizo impulsados por la administración Trump.
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Además de las modificaciones económicas para los inmigrantes, el proyecto de ley presentado por el Comité Judicial incluye otras reformas significativas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según lo informado por 'The Hill', una de las principales propuestas es la transferencia de las competencias en materia antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio al Departamento de Justicia, centralizando aún más el poder en el Ejecutivo.
1. Aumento de tarifas para procesos migratorios:
2. Nuevas tarifas punitivas:
3. Cambios al proceso de solicitud de asilo:
4. Ampliación de capacidad de detención:
5. Contratación de más personal de ICE y EOIR:
6. Apoyo a deportaciones y operaciones de transporte:
7. Mayor control sobre patrocinadores:
8. Facilitación de repatriación:
9. Investigaciones de antecedentes penales y pandillas:
10. Facilidades para deportación rápida de criminales:
11. Programas de cooperación estatal:
12. Reducción de derechos judiciales:
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es la legislación principal que regula la inmigración en Estados Unidos. Promulgada en 1952, la INA ha sido modificada en diversas ocasiones para adaptarse a las necesidades cambiantes del país. Esta ley establece los procedimientos para la admisión de extranjeros, la emisión de visas, la naturalización de inmigrantes y las condiciones bajo las cuales una persona puede ser deportada.
Además, la INA define las categorías de inmigrantes, como aquellos que ingresan por motivos familiares, laborales o de asilo, y establece los requisitos para obtener la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense. Una de las disposiciones más conocidas de la INA es la denominada "ley de los 10 años", que impone una prohibición de reingreso de 10 años a aquellos inmigrantes que acumulen más de un año de presencia ilegal en el país y luego hayan sido deportados o hayan salido voluntariamente.
A partir del 1 de abril de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) implementó un ajuste en las tarifas de varios formularios de inmigración y naturalización, marcando el primer incremento desde 2016. Esta medida busca cubrir de manera más completa los costos operativos de la agencia y mejorar los tiempos de procesamiento de solicitudes.

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