
La política migratoria del presidente Donald Trump experimentó un giro significativo desde su regreso al poder. Con el lema de "deportación masiva", su gobierno ha puesto en marcha varias estrategias centradas en la identificación, persecución y expulsión de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Esta campaña no se restringe solo a la frontera, ya que diversas agencias clave, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia, han pasado a ser elementos fundamentales de la estrategia.
Mediante la coordinación del uso de datos fiscales, la cancelación de números de Seguro Social y la imposición de nuevas restricciones al acceso de servicios esenciales, la actual administración busca ejercer presión sobre la población inmigrante, con el objetivo de incentivar su salida voluntaria del país.
Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump ha sido la cancelación del número de Seguro Social a más de 6.000 inmigrantes vivos. Foto: composición LR
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Uno de los cambios más significativos en la estrategia migratoria de Donald Trump es el uso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para facilitar arrestos y deportaciones. Según un acuerdo firmado en abril, el IRS comparte información fiscal de contribuyentes indocumentados con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta medida ha generado una fuerte reacción entre abogados y comunidades inmigrantes, quienes denuncian la ruptura de la confidencialidad tributaria. El memorando firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permite que ICE proporcione nombres y direcciones de personas sospechosas de violar leyes migratorias. El IRS verifica esa información y colabora con los operativos de localización.
Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump ha sido la cancelación del número de Seguro Social a más de 6.000 inmigrantes vivos, quienes fueron erróneamente catalogados como fallecidos por la Seguridad Social.
Esta política afecta especialmente a inmigrantes acogidos a programas temporales creados durante la administración de Biden, incluyendo a quienes ingresaron mediante la aplicación CBP One.
Aunque no se ha revelado el criterio exacto de selección, se estima que más de 900.000 personas podrían verse comprometidas si esta práctica continúa expandiéndose.

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