Un abogado y asesor político mexicano falleció después de ser linchado y quemado vivo por un grupo de habitantes del municipio Papatlazolco, localizado en el ciudad de Huauchinango (Puebla, México), que lo acusó erróneamente de ser un secuestrador de niños.
Daniel Picazo, de 31 años, se movilizaba en una camioneta junto con otra persona la noche del último 10 de junio, cuando una muchedumbre enfurecida decidió perseguirlos y acorralarlos después de que corriera el rumor de que dos desconocidos a bordo de un vehículo de ese tipo habían tratado de llevarse a la fuerza a un menor de edad, informó el periódico Milenio.
Días antes, un audio difundido a través de WhatsApp alertaba a las familias de cuidar a sus hijos debido a la presencia de raptores de niños en la zona, según recogió el diario el Universal.
Sin fundamentos ni pruebas determinantes, Picazo fue acusado por “lucir sospechoso” y fue llevado hasta un parque público, donde lo amarraron, lo lincharon y le prendieron fuego.
Su acompañante pudo escapar y esconderse en un sitio seguro. Se calcula que al menos unas 30 personas participaron directamente en el ataque.
Al lugar acudió la Policía municipal y la Cruz Roja, pero no lograron impedir el linchamiento y el deceso del joven jurista al verse rebasados por la multitud, que les impedía el paso. Los agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron el levantamiento del cadáver, que más tarde fue identificado, y se comenzó una investigación.
Según los familiares de la víctima, Daniel vivía en Ciudad de México, pero visitaba con frecuencia Huauchinango porque su abuelo paterno le había heredado una vivienda.
Hasta el último mes de marzo se había desempeñado como asesor de legisladores en la Cámara de Diputados y actualmente era consejero de una diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que lo ocurrido fue un “acto de barbarie totalmente aberrante”, causado por “prejuicios, ignorancia, rumores y un ambiente de no creer en la autoridad”.
Además, exhortó a la población a regular su “comportamiento social” y confirmó que hay un proceso en curso, ya que lo sucedido fue algo “gravísimo” que “no puede permitirse”.
Entre tanto, desde el ayuntamiento de Huauchinango prometieron esclarecer el homicidio de Picazo para aplicar las sanciones correspondientes a los autores. Por el momento, se desconoce si hay arrestados por el crimen.