Este jueves 20 de mayo, la Fiscalía General de Bolivia (FGB) determinó ampliar dos nuevos delitos a la expresidenta Jeanine Áñez, quien está detenida hace más de dos meses por el caso denominado golpe de Estado.
La Procuraduría General del Estado le incorporó a Añez las figuras de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, declaró a los medios el fiscal general del país, Juan Lanchipa.
Este proceso se enmarca en la denuncia que la exdiputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS) Lidya Patty presentó en noviembre pasado por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política y social que afrontó el país a fines de 2019.
A partir de ello se abrió una investigación en el llamado caso golpe de Estado para establecer responsabilidades de las protestas sociales que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que en el MAS consideran que fueron provocadas, y que se produjo tras las denuncias de fraude en los comicios de ese año.
Entre los principales denunciados en ese caso están el exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, exjefes militares y policiales, aunque luego la denuncia se amplió a Áñez y a varios de sus exministros como los de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
A raíz de ese caso, Áñez, Coímbra, Guzmán y algunos militares guardan detención preventiva en cárceles de La Paz.
Esta acusación se basa en delitos supuestamente cometidos por Áñez y algunos de sus colaboradores antes de que asuma la Presidencia del país de forma interina, por lo que el caso se lleva en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades previsto para exmandatarios.