
Tres miembros de la Hermandad Aria, una violenta pandilla supremacista blanca que opera dentro del sistema penitenciario en California, recibieron condenas severas tras ser declarados culpables de dirigir crímenes desde la cárcel. La corte federal de Fresno sentenció a dos de ellos a cadena perpetua y a un tercero a 20 años de prisión, luego de comprobar que usaron teléfonos móviles de contrabando para coordinar al menos cinco asesinatos entre 2020 y 2022.
Lo que resulta especialmente alarmante es cómo estos líderes mantuvieron su poder criminal, incluso estando encerrados, controlando tráfico de drogas y ordenando homicidios, lo que generó una ola de violencia que impactó a las comunidades tanto dentro como fuera de los muros penitenciarios.
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Francis Clement y Kenneth Johnson, con 58 y 63 años respectivamente, recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. John Stinson, de 70 años, fue sentenciado a 20 años de prisión. Estas penas son el resultado de un proceso legal que involucró a once miembros de la Hermandad Aria, acusados bajo la Ley RICO contra organizaciones criminales.
Las pruebas mostraron que Clement y Johnson planearon asesinatos contra personas dentro de la pandilla que incumplieron reglas o tenían deudas con el grupo. Además, estos líderes controlaban el tráfico de metanfetamina dentro y fuera de la prisión, cobrando comisiones por las actividades de otros integrantes.
El uso de teléfonos celulares ilegales fue clave para que la Hermandad Aria mantuviera su red criminal funcionando desde California. John Stinson, como uno de los cabecillas, autorizaba la entrada de nuevos miembros y decidía castigos, incluyendo asesinatos. Los delitos comprobados incluyen:
Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, explicó: “Esta pandilla sembró miedo y caos dentro del sistema penitenciario, con impactos que van más allá de las cárceles”. Por su parte, la fiscal federal Michele Beckwith aseguró que estas sentencias representan un golpe importante contra esta peligrosa organización.
Los abogados de los condenados cuestionaron la veracidad de los testimonios usados en el juicio, señalando que provenían de criminales que buscaban beneficios legales. También criticaron que ningún funcionario de la prisión haya sido acusado por permitir la entrada de teléfonos ilegales o colaborar con la pandilla.
A pesar de esto, las autoridades insisten en que controlar el contrabando de celulares es fundamental para evitar que estos grupos sigan operando desde las cárceles y poniendo en riesgo la seguridad pública.

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