
Como su nombre lo dice, el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un estatus migratorio provisional que otorga el gobierno estadounidense a ciudadanos de ciertos países, cuya nación se encuentra en condición de conflictos armados o desastres naturales.
Los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos recurren al TPS para solicitar asilo en el país. Sin embargo, tras las recientes medidas del presidente Donald Trump y su pedido de eliminarles la opción a este estatus, ciudadanos como Kira Arzola y otros compatriotas temen por su posible deportación.
Kirla Arzola es una ciudadana venezolana que teme por su estatus migratorio en Estados Unidos, luego de que la administración Trump intentase eliminar el TPS al cual se acoge para residir en la nación.
La hija menor de Kirla, Paula, es una ciudadana estadounidense, y se quedaría desprotegida si su madre fuese deportada de vuelta a su país de origen.
La pequeña tiene instrucciones explícitas de decirle a su maestra lo siguiente si algo malo ocurriese con sus padres: ''Llama a un número que me sé, y que me recoja mi tía''.
Kira llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia en Venezuela y el régimen político de Nicolás Maduro. ''Me golpearon en ese momento. No hay ningún tipo de seguridad. No sabes quién es quién'', contó la inmigrante.
La venezolana tenía visa de turista, por lo cual, ocultando su avanzado embarazo, llegó a la nación norteamericana y solicitó asilo político. No obstante, el proceso resultó ser largo y complicado, por lo cual se acogió al TPS.
Actualmente, Kirla es instructora de fitness e influencer, además de impulsar el proyecto Ley de Ajuste Venezolano. ''Necesitamos conseguir las 500.000 firmas para demostrarles que para estas personas estamos trabajando'', finalizó.
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Recientemente, un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de finalizar el TPS para aproximadamente 350.000 inmigrantes venezolanos, quienes se habrían enfrentado a una posible deportación inmediata.
El Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la solicitud de la administración para suspender la orden de un juez de primera instancia que detenía la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS.
El TPS había sido otorgado inicialmente por la administración de Joe Biden en 2021 debido a la crisis política y económica en Venezuela. Si bien el gobierno de Biden extendió el programa hasta octubre de 2026, Noem actuó rápidamente para revertir esa decisión tras asumir el cargo bajo la administración Trump.

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