Familias de inmigrantes deportados por Trump a El Salvador enfrentan angustia por no poder contactarlos

En marzo de 2025, la administración de Donald Trump ejecutó la deportación de al menos 238 inmigrantes, principalmente venezolanos, hacia El Salvador. Esta acción se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa histórica que ha sido criticada por la aplicación en contextos migratorios actuales.

Familiares de los deportados han expresado su desesperación por la falta de información sobre el paradero y estado de sus seres queridos. Se ha denunciado que los nombres de los detenidos han sido borrados de los registros oficiales de inmigración de Estados Unidos, dificultando cualquier intento de localización.

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¿Por qué fueron deportados los inmigrantes venezolanos de Estados Unidos a la CECOT en El Salvador?

Los inmigrantes venezolanos fueron deportados por presuntos vínculos con pandillas y actividades delictivas, según las autoridades estadounidenses. Tras un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y El Salvador, se coordinó el traslado de individuos considerados "una amenaza para la seguridad pública" hacia la mega cárcel de Tecoluca.

En Venezuela, se han organizado protestas frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, donde familiares exigen al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la comunicación con los detenidos. Organizaciones como Cristosal han señalado la opacidad en torno a estas detenciones podría constituir delitos de lesa humanidad, también se ha criticado la falta de acceso a registros de los detenidos y la negativa de las autoridades estadounidenses de brindar información básica.

Human Rights Watch calificó estas deportaciones como desapariciones forzadas, debido a la falta de procesos legales adecuados y la incomunicación de los detenidos. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, denunció que estas acciones violan derechos fundamentales y carecen de transparencia.

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¿Cuál es la postura de Estados Unidos y El Salvador frente a los inmigrantes deportados a la mega cárcel CECOT?

El gobierno de Nayib Bukele ha defendido la medida como parte de una política de cooperación bilateral contra el crimen organizado, aunque no ha proporcionado pruebas claras de que los inmigrantes deportados tengan vínculos con pandillas.

La administración de Donald Trump, en contraste, ha mantenido un perfil bajo frente a las críticas, sin ofrecer explicaciones detalladas sobre los procedimientos utilizados para seleccionar a los deportados ni sobre su situación legal previa.

Esta situación refleja una tendencia preocupante hacia la criminalización de la migración y el debilitamiento de los mecanismos de protección para quienes solicitan asilo, a pesar de las advertencias de organismo internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.