Servicios de salud reproductiva son esenciales durante la pandemia del COVID-19
De acuerdo al Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica, se debe garantizar el acceso al aborto y a métodos anticonceptivos por ser inaplazables incluso en tiempos de coronavirus.
La cada vez más creciente propagación del COVID-19, que cuenta con miles de personas contagiadas en todo el mundo, ha llevado a que los sistemas sanitarios se encuentren trabajando al límite.
Frente a esta situación, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) para Latinoamérica, hizo un llamado para que los Estados garanticen los derechos reproductivos de las mujeres en tiempos de coronavirus.
“La pandemia del COVID-19 ha resaltado las desigualdades de las sociedades latinoamericanas y las mujeres, estamos asumiendo una carga de riesgo mayor porque podemos perder derechos que ya habíamos ganado. Los Estados de la región no solo deben mantener los servicios médicos para garantizar el aborto, sino que deben adoptar medidas que permitan ampliar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas durante la pandemia a través de métodos como el farmacológico'', señaló Catalina Martínez Coral, directora regional del CDR.
En ese sentido, dentro de su pronunciamiento el CDR pide a los Estados que posicionen la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio de salud esencial, que eliminen las barreras legales y administrativas a los servicios del aborto (incluido el farmacológico) y que cumplan con la implementación de un paquete mínimo de servicios iniciales para la salud reproductiva en medio de la crisis sanitaria.
Salud reproductiva
La organización considera que el acceso al aborto es esencial para preservar la vida y la salud de las personas gestantes y advierte que la expansión del COVID-19 puede impactar negativamente en este derecho debido a la limitación de transporte y la desaceleración económica. Sin embargo, para el CDR, la interrupción voluntaria del embarazo ''es siempre un procedimiento urgente que no debe posponerse''.
Por ello, exhortan a los Gobiernos a proceder con el levantamiento de sanciones penales para quienes decidan abortar, así como la implementación de métodos para que las mujeres no se expongan al contagio como la telemedicina y canales a través de los cuales puedan reportar su estado y solicitar apoyo.
Además, piden a los Estados la inclusión del misoprostol como un medicamento esencial, tal como se encuentra registrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto, para que el acceso al aborto farmacológico también se encuentre garantizado en caso la persona gestante no pueda acceder a un establecimiento de salud.
Por último, el paquete de servicios para la salud reproductiva debe responder al estándar internacional para casos de emergencia, en donde están incluidas las crisis sanitarias. Este grupo de servicios debe garantizar la atención obstétrica prenatal y posnatal. Es importante, también, que se asegure el acceso a métodos anticonceptivos como medida esencial durante la pandemia del COVID-19.