Tras la reelección de Donald Trump, las preocupaciones sobre las políticas migratorias en Estados Unidos han crecido, especialmente entre los venezolanos y cubanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Este programa ha protegido a más de 860,000 inmigrantes de países en crisis. Con la posible derrota de Kamala Harris, el presidente electo planea eliminar el TPS en enero de 2025, lo que dejaría sin protección legal a muchos ciudadanos extranjeros.
El Estatus de Protección Temporal ha sido una red de seguridad fundamental para los inmigrantes en Estados Unidos. Otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este programa permite a personas de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias vivir y trabajar legalmente en territorio americano.
Sin embargo, bajo la administración Trump, el TPS se ha convertido en un objetivo directo. Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el programa para varios países, como El Salvador y Honduras. Pero no tuvo éxito. Ahora, con una composición más conservadora en la Corte Suprema, los expertos temen que su plan para desmantelar el Estatus de Protección Temporal pueda concretarse.
El impacto de la eliminación del TPS sería grave para las comunidades que dependen de este programa. Foto: composición LR
El TPS ha sido crucial para muchos inmigrantes latinoamericanos, particularmente para las personas de Venezuela y Cuba. En la actualidad, Venezuela es el país con el mayor número de beneficiarios del TPS, con aproximadamente 350.000 migrantes bajo este estatus debido a la devastadora crisis humanitaria en la nación sudamericana.
Por su parte, los inmigrantes cubanos también han encontrado en el TPS una vía para estabilizarse en Estados Unidos, lejos de la situación política y económica de su país. La posible eliminación de este programa bajo la administración Trump afectaría profundamente a estas comunidades, que perderían su estatus legal y enfrentarían un futuro incierto, con el riesgo de ser deportados a situaciones de alta inseguridad en sus países de origen.
Para muchas personas, el Estatus de Protección Temporal (TPS) es la única alternativa para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras continúan las crisis en sus países de origen. Si Trump implementa su plan de eliminar el programa, miles de familias podrían verse separadas, ya que muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en territorio estadounidense.
Si se implementa esta medida, los migrantes venezolanos y cubanos perderían una de las pocas protecciones que les brindan seguridad en su proceso de integración. A pesar de la incertidumbre, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han expresado su firme compromiso de oponerse a cualquier intento de eliminar el TPS.
Tras la reelección de Donald Trump, las preocupaciones sobre las políticas migratorias se han intensificado en Estados Unidos, especialmente entre los venezolanos y cubanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Foto: composición LR
El impacto de la eliminación del TPS sería grave para las comunidades que dependen de este programa, ya que muchos inmigrantes podrían perder sus empleos y hogares, al no contar con un estatus migratorio legal. Esto aumentaría el riesgo de deportación, separaciones familiares y el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de miles de personas.
Frente a la posibilidad de que el gobierno de Trump elimine el TPS, los grupos pro-inmigrantes y las organizaciones legales están tomando medidas para proteger a las comunidades afectadas. Organizaciones como Human Rights Watch y el Centro para la Justicia de Inmigrantes están presionando al Congreso para que se tomen medidas legislativas que ofrezcan una solución permanente a los beneficiarios del TPS.
La incertidumbre en torno al futuro de este estatus migratorio resalta la urgente necesidad de una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Mientras tanto, los inmigrantes venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades mantienen la esperanza de que el sistema judicial y las decisiones políticas logren salvaguardar sus derechos y asegurarles un futuro estable en el país.