Durante su campaña de 2024, Donald Trump ha presentado una promesa que ha captado la atención de miles de estudiantes universitarios extranjeros en Estados Unidos: facilitar el acceso a la green card. Esta propuesta, que marca un cambio significativo en su enfoque hacia la inmigración, sugiere crear un camino claro y accesible para que estudiantes de alto rendimiento académico puedan obtener la residencia permanente tras finalizar sus estudios en universidades estadounidenses.
La propuesta busca atraer y retener talento extranjero en campos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). No obstante, esta iniciativa enfrenta desafíos y divisiones de opinión, especialmente dado que en su primer mandato, Trump implementó políticas migratorias más restrictivas. Actualmente, el exmandatario parece mostrar una mayor disposición a brindar oportunidades a estudiantes que contribuyan al desarrollo económico y a la innovación en Estados Unidos.
Donald Trump ha expresado públicamente su desaprobación hacia las políticas del gobernador Gavin Newsom en California, a quien acusa de haber perjudicado al estado con "decisiones políticas irresponsables". Según Trump, uno de los efectos más notables de estas políticas es el alto costo de vida en California, señalando especialmente el aumento en los precios de alimentos y productos básicos, lo que, en su opinión, ha hecho que la vida sea insostenible para muchos de los residentes del estado.
La propuesta se centra principalmente en aquellos que completen programas en áreas STEM, que han demostrado ser sectores cruciales para el avance tecnológico y económico del país.
Trump ha expresado abiertamente su oposición a las políticas implementadas por Gavin Newsom en California. En sus declaraciones, el presidente electo acusó a Newsom de haber perjudicado al estado con lo que describió como "decisiones políticas imprudentes". Trump destacó que una de las consecuencias más evidentes de estas políticas ha sido el alto costo de vida en California, señalando especialmente el incremento en los precios de los alimentos y otros bienes esenciales, lo que, según él, ha convertido la vida en el estado en algo insostenible para muchos residentes.
La promesa de Trump, en este sentido, plantea eliminar esos obstáculos y facilitar que el talento formado en Estados Unidos permanezca en el país.
A pesar de su política antiinmigratoria, Trump destaca a los estudiantes extranjeros de universidades estadounidenses. Foto: AFP.
La adopción de esta medida podría generar un impacto significativo en el mercado laboral y la economía de Estados Unidos. Retener a estudiantes internacionales altamente cualificados en disciplinas clave como tecnología, ingeniería y ciencias sería fundamental para satisfacer la creciente demanda de talento que enfrentan numerosas empresas.
Un informe de la National Foundation for American Policy (NFAP) sugiere que las industrias de tecnología y salud enfrentan actualmente una escasez relevante de trabajadores cualificados, situación que se agravará en los próximos años si no se toman medidas.
La Green Card es el documento que todo inmigrante solicita en EE. UU. Foto: composición LR.
Para Trump, esta política migratoria se traduciría en una ventaja competitiva para Estados Unidos, que busca consolidarse como un líder global en innovación. Al atraer y retener talento extranjero, el país podría fortalecerse en áreas de investigación y desarrollo que resultan considerables en un contexto de competencia global, especialmente en relación con países como China y la Unión Europea, que también implementan políticas para atraer profesionales extranjeros.
Sin embargo, no todos los sectores políticos ven la propuesta de la misma manera. Los detractores argumentan que esta medida podría generar una saturación del mercado laboral, afectando las oportunidades de los trabajadores estadounidenses en algunas industrias. Otros opinan que esta promesa podría crear falsas expectativas para los estudiantes extranjeros, pues la implementación de cualquier política migratoria depende de la aprobación del Congreso, donde las decisiones suelen dividirse entre posturas partidistas.