La fábrica de historias sobre las supuestas firmas falsas de miembros de mesa le podría pasar factura a la candidata Keiko Fujimori y la personera legal Milagros Takayama. La Quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima inició contra ellas una investigación preliminar por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y contra la función jurisdiccional en las modalidades de falsa declaración y fraude procesal.
Así se desprende de la disposición de inicio de diligencias preliminares emitida por la fiscal Ana María Santiago Jiménez, titular de la citada quinta fiscalía corporativa penal.
Esta decisión es adoptada a partir de la denuncia formulada por el abogado José Luis Saavedra Barrantes y Pavel Gabriel Tapia Romero, este último militante del partido Perú Libre.
Los actos ilícitos atribuidos a Fujimori y Takayama, y que serán materia de investigación, son tres: delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso judicial, delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los denunciantes basan la denuncia en los recursos de apelación tramitados por Fuerza Popular, con el fin de anular los votos en las jurisdicciones de zonas rurales, donde Keiko Fujimori tuvo un bajísimo respaldo en la segunda vuelta.
Un aspecto que tendrá investigar la Fiscalía tiene que ver con los 27 comprobantes de pago presentados en simultáneo por Fuerza Popular para tramitar distintos expedientes.
Estos comprobantes habrían sido presentados en Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Áncash, Amazonas y Lima.
Por esta razón, la fiscal Santiago Jiménez decidió investigar únicamente el caso producido en Lima, por competencia territorial. Pero remitirá la denuncia a las fiscalías de las otras jurisdicciones para que también actúen de acuerdo a sus competencias.
En la disposición emitida el pasado 1 de julio, la fiscal dispone citar a Keiko Fujimori para que rinda su manifestación el día 23 de julio, a las 2.30 p. m. En tanto, la personera Milagros Takayama haría lo propio el mismo día a las 3.30 p. m.
Citada. Takayama deberá responder el 23 de julio. Foto: Aldair Mejía/La República
Esta investigación aún no incluye a los peritos profesionales cuyos informes fueron usados por el fujimorismo para sustentar la supuesta falsificación de firmas.
Como se recuerda, en las audiencias de revisión de las apelaciones que hizo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hubo un voto en mayoría para remitir también los expedientes, a fin de que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos por parte de los peritos.
De este modo, también se encuentra en curso el inicio de una investigación a los peritos grafotécnicos Eladio Sánchez Sánchez, Héctor Dávila Sánchez y Juan Antonio Calderón Guerrero.
En el caso de Eladio Sánchez, en una audiencia quedó demostrado que hubo un informe presentado por Fuerza Popular que ni siquiera tenía la firma de este perito grafotécnico.
La nueva investigación fiscal se suma a las otras tres denuncias formuladas contra Milagros Takayama y Fuerza Popular, en este caso, por el presunto delito de difamación, pues el partido fujimorista atribuyó una supuesta suplantación de miembros de mesa que sí habían concurrido a cumplir con su deber.
En la región Puno, la ciudadana Shirley Apaza Quispe formuló una querella directamente contra Keiko Fujimori, por afectar el honor de ella y su familia, por la denuncia del supuesto fraude.
Leguleyadas. Ayer se conoció que el partido Fuerza Popular ahora tiene como objetivo presentar una acción de amparo y una medida cautelar, con el fin de intentar bloquear la proclamación de los resultados finales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto, a pesar de que la Constitución establece que el JNE es la máxima instancia en justicia electoral.
Keiko Fujimori ahora tendrá que responder ante la Fiscalía por intentar anular los votos de lugares donde no tuvo apoyo.
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