La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió iniciar una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra.
Luego de que el médico y encargado de los ensayos clínicos de las vacunas, Germán Málaga, confirmara que el laboratorio Sinopharm facilitó dos mil dosis adicionales a las de prueba, había los elementos suficientes, según los juristas Carlos Caro y Luis Lamas Puccio, para que el Ministerio Público (MP) presente una denuncia contra Vizcarra por corrupción de funcionarios.
“Si la empresa sabía, esto no sería otra cosa que un pago corrupto. Una empresa que está negociando con un gobierno no puede hacer ese tipo de donaciones”, manifestó Caro.
“Es una oferta económica o simbólica que tiene un contenido y un peso en lo que viene sucediendo en un proceso de negociación, y hablamos de sumas millonarias. Evidentemente, esas dosis de vacuna fueron para influir en las decisiones sobre el particular”, agregó Lama.
Los delitos que se les puede imputar, hasta el momento, a todos los funcionarios involucrados, el médico Málaga y la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, es tráfico de influencias, colusión, cohecho y peculado, todos ilícitos de corrupción, coincidieron Caro y Lama.
Vizcarra, debido a que fue presidente, goza del antejuicio político. Una inmunidad para delitos de funciones.
La Fiscalía, si bien ha iniciado pesquisas, todavía no formaliza una denuncia constitucional. Por el momento, solo hay una acusación de antejuicio presentada el último viernes por la bancada de Nueva Constitución. Esta agrupación ha pedido a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, priorizar esta demanda.
El Congreso también puede inhabilitar a Vizcarra. “Si deciden condenarlo a la inhabilitación por diez años, él tendrá que dejar el Congreso (si es electo). Y si esa condena se produce antes de que sea congresista, también perderá el cargo”, refirió el constitucionalista Omar Cairo.
Sin embargo, esta denuncia implica un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).
La Junta de Portavoces se reúne hoy para analizar cómo agilizar la acusación.
Suelen demorar. Hay antecedentes lamentables del Congreso: tardaron más de dos años en acusar a César Hinostroza por crimen organizado, y aún no resuelven el caso de Edgar Alarcón. Podría suceder lo mismo con el expresidente Martín Vizcarra.
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