Ahora Nación acusa al Congreso aprobar leyes a favor a la delincuencia y pide “recuperación moral” del poder

Carlos Magno, secretario de Doctrina y Formación Política del partido Ahora Nación, afirmó este lunes en el foro “Crimen y economía ilegal en el Perú: retos urgentes para las elecciones 2026” que parte importante del incremento de la inseguridad ciudadana y la crisis del orden interno se explica por decisiones legislativas aprobadas en el Congreso. Sus declaraciones formaron parte de la presentación de propuestas de su partido de cara a las elecciones de 2026.

“Primero necesitamos tener el diagnóstico”, dijo Magno, al responsabilizar al Legislativo por haber “legislado a favor del crimen y la delincuencia”. En su intervención citó de forma explícita normas y cambios legales que, a su juicio, han contribuido a la impunidad y al crecimiento de la violencia. Entre los ejemplos que mencionó están la ley 31751 —a la que se refirió como la “famosa ley Soto”— y otras disposiciones que, según su lectura, han tenido efectos nocivos sobre la acción policial y fiscal:

• Afirmó que esa ley declaró que la extorsión y el sicariato fueron excluidos de la figura de criminalidad organizada.
• Señaló que la misma norma impuso requisitos para los allanamientos —“se requería la presencia necesariamente del abogado de los investigados”— lo que, dijo, coincidió con un “incremento exponencial del sicariato y las extorsiones”.
• Mencionó normas que, en su opinión, han protegido a partidos políticos frente a responsabilidad penal y otras que habrían limitado la capacidad de la Policía para intervenir o manejar bienes vinculados al narcotráfico en operativos.
• Denunció la aprobación de disposiciones sobre bienes decomisados y la extensión de dominio que, según él, permiten a organizaciones criminales mantener propiedades.
• Indicó además la existencia de una “Ley Antiforestal” que, a su juicio, facilita la impunidad de mafias dedicadas a la tala ilegal en la Amazonía.

Magno sostuvo que muchas de estas normas —dijo— “han sido impulsadas para favorecer la impunidad de los propios líderes o miembros de algunas de estas organizaciones que están en el Congreso”, y que en algunos casos las leyes habrían sido aprobadas “directamente para favorecer a organizaciones criminales”.

Si bien atribuyó responsabilidad al Congreso, Carlos Magno añadió que el Poder Ejecutivo también tiene un papel central en la crisis de seguridad.

“El Poder Ejecutivo es el que conduce el Ministerio del Interior, la Policía, es el que conduce las riendas del Estado para mandar la principal función, la función matriz del Estado”, afirmó, y recordó la idea hobbesiana de que la primera función del Estado es brindar seguridad.

En un pasaje crítico de su intervención, describió la afectación moral dentro de las fuerzas de seguridad: dijo que hay policías que “en el turno de día cumplen su función” y “en el segundo turno, sus horas extras, las hacen como miembros activos de organizaciones criminales”. “O sea que son claramente delincuentes”, añadió, subrayando que ese fenómeno constituye, para él, un problema moral que debilita cualquier esfuerzo técnico.

Magno planteó, citando a su líder Alfonso López Chau, que el eje central de cualquier programa para el país debe ser la recuperación moral del ejercicio del poder, una recomposición que, sostuvo, debería ser asumida por todos los actores políticos, “no importa que sean de izquierda, derecha o centro”.

“Si los que están a la cabeza están involucrados en la corrupción, están involucrados con las organizaciones criminales, ¿cómo van a combatir contra el crimen?”, preguntó.

Para Magno, sin abordar ese “problema de fondo” cualquier “propuesta técnica se va a quedar simplemente como tiza en papel y no se va a poder implementar”.

Con ese diagnóstico concluyó su intervención en el Aula Magna, después de exponer lo que describió como una larga lista de leyes y prácticas que, a su juicio, han facilitado la criminalidad y socavado el Estado de derecho.