La pensión por consumo, adherida a la reforma previsional del fujimorismo, pretende llevar el dinero que captaría la Sunat a través del IGV al bolsillo de las AFP, advierte Noelia Bernal, profesora de Economía e investigadora de la Universidad del Pacífico.
Según el dictamen —aprobado en primera votación en el Congreso y pendiente de la segunda el próximo 5 de junio— el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se encargará de las cuentas especiales. Así usted pertenezca a la ONP, tendrá que abrirse una en el régimen privado. El texto da pie a que las AFP cobren una comisión por administrar los ahorros.
Esta pensión por consumo constará del 1% de las compras anuales, que se extraerán de las boletas de ventas electrónicas de los establecimientos. Las transacciones de las que se captará el IGV no podrán ser mayores de S/700. En términos anuales, no deberá pasar de las 8 UIT (S/41.200). No aplica para adquisición de equipos, vehículos y maquinarias.
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Bernal explica que el Estado dejará de tener ese dinero por recaudación de IGV y que en lugar de invertirse en bienes públicos o programas sociales será un salvavidas para las AFP.
“Es básicamente una transferencia monetaria. Un programa dirigido a los trabajadores de altos ingresos. Se van a crear cuentas que administrarán las AFP. Un nuevo negocio para salvarlas porque bastante dinero se les ha ido con los retiros”, apuntó para La República.
La congresista Sigrid Bazán, por su parte, sostiene que con el 1% del tope de S/41.200 anuales en compras, el aporte al fondo previsional será de S/412 por año —o S/34 al mes—. Considera que el sistema “solo ofrece migajas y no una pensión digna ni una reforma de verdad”.
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Más que una reforma, lo que se está haciendo es consolidar el sistema de las AFP, que ya fracasó no solo en Perú sino en el mundo, enfatiza Álvaro Vidal, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP.
“Lo único que explica la insistencia de este modelo es que hay un negocio detrás y que los congresistas están siendo lamentablemente cómplices de ello. No es una reforma de fondo. Es simplemente maquillar lo que ya existe”, soslayó.
A juicio de Vidal, para que existan buenas pensiones tiene que haber también aporte de las empresas y del Estado. Esta reforma carga el ahorro para la jubilación solo al trabajador y al aparato estatal, y en un país con “tan bajos ingresos”, es imposible lograr buenas pensiones.
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En esa línea, Bernal alega que esta reforma no tiene ningún enfoque solidario porque la “solidaridad significa atender a los más vulnerables con recursos que provengan de impuestos de los más ricos y eso no se está viendo”.
Ambos concluyen que, con esta medida, lo más probable es que muchos trabajadores quieran pasarse al sistema privado de las AFP —y eventualmente, también de las entidades financieras y aseguradoras, conforme el dictamen— y eso debilitaría aún más al SNP.
“Se están creando cuentas que no garantizan un financiamiento público y no reconoce el financiamiento solidario. Se verán afectadas las pensiones del sistema nacional que ya hoy son bajas”, concluye Vidal.
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Se incluye en la reforma una retención progresiva desde el 2% en el primer año, aumentando un punto cada dos años hasta el 5%, con la finalidad de que todos puedan acceder a una pensión. Esto se aplicaría a partir del tercer año de publicada la ley.
Vidal no lo considera viable porque el nivel de los ingresos de los independientes es más bajo que el de los dependientes. Además, la presencia de informales –casi el 90% de las mypes, según Sunat– dificulta la tarea.
Noelia Bernal, profesora e investigadora de la UP
“Un programa dirigido a trabajadores de altos ingresos. Se van a crear cuentas que administrarán las AFP. Un nuevo negocio para salvarlas porque bastante dinero se les ha ido con los retiros”.