Respuestas precipitadas del Gobierno pueden favorecer a Repsol, advierte jurista

Orlando Vignolo, especialista en derecho administrativo y profesor de la Universidad de Piura, sostuvo que, en el Perú, existe una seria superposición de potestades y administraciones públicas involucradas en el cuidado medioambiental, la cual quedó en evidencia tras el derrame de casi 3 millones de metros cuadrados de petróleo, procedentes de la refinería La Pampilla, operada por Repsol.

Sin embargo, este no es un desastre improbable o inusual, refiere el jurista y profesor de la Universidad de Piura.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Ha sucedido en Sudamérica. En el Perú, hubo uno similar en Talara. Lamentablemente, la legislación ambiental en general no está preparada para este tipo de desastres”, aseguró.

“Por un lado, está la Marina de Guerra, con la Dicapi, que es la autoridad marítima. Por otro, está Osinergmin que ve la infraestructura en energía y, además, tenemos a la recientemente creada OEFA, que es la autoridad ambiental”, dijo. Esta última, resalta Vignolo, debe estar presente en todos los sectores porque su autoridad es transversal.

La urgencia de actuación que demanda un desastre como el de la refinería de La Pampilla deja ver que “falta un orden mínimo y un protagonista que se encargue de los asuntos de extrema urgencia, relacionados con derrames o con desastres ambientales”. La administración pública, que asumiría el liderazgo, deberá ser la que se ocupe de encabezar un comité de crisis.

“Se necesita un único ente sancionador para asuntos de extrema urgencia”, destacó el catedrático.

No adelantar opinión con Repsol

A la ausencia de la determinación de una única entidad sancionadora, se suman los problemas jurídicos que podrían surgir ante las respuestas precipitadas de diversos sectores.

Además, dijo que las demás entidades y actores públicos y políticos deben pronunciarse con “prudencia y pertinencia” en torno a este tipo de casos, para no alentar futuros escenarios adversos.

“Decir que se trata de un ecocidio, como ha declarado el ministro de Justicia, podría ser usado por el privado para decir que hay un adelantamiento de opinión, lo que podría llevar el juicio a fueros internacionales (…). Repsol podría judicializar estos asuntos”, resaltó Vignolo Cueva.

“No es jurídicamente correcto porque agrede la presunción de inocencia y el buen nombre”, agregó.

Repsol: la responsabilidad jurídica

De acuerdo al jurista, el transporte por buque para hacer maniobras en altamar tiene protocolos establecidos a nivel mundial, por lo que se debe descartar la idea de que la falta de aviso de la Marina de Guerra haya impedido que se paren las labores.

“El deber de diligencia ordinario de una empresa como Repsol no queda suprimido ni entra en conflicto con la falta de aviso de la Marina”, sostuvo.

Queda por investigar si la refinería de La Pampilla contaba realmente con un plan de contingencia exhaustivo. Si no fuera el caso, también se trataría de una omisión de OEFA, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas, resalta el experto.

“Las actividades de alto riesgo deben contar con un nivel muy alto de precaución. Recordemos, además, que le refinería se encuentra en una zona altamente poblada”. Esto último, enfatiza Vignolo, es un riesgo que eleva el estándar de diligencia en el actuar de la empresa.