Por una mejor gobernanza de los recursos naturales

Por: Gianella Guillén, programa Amazonía de DAR.

La Amazonía es un espacio muy atractivo por sus riquezas naturales y por los recursos que ofrece para su aprovechamiento en determinados sectores económicos, los cuales resultan ser el foco para las industrias extractivas y para los grandes proyectos de infraestructura, la generación de energía o habilitación vial. Sin embargo, los impactos socioambientales, de estos proyectos, afectan a los ecosistemas y especialmente a las comunidades ubicadas en dichas zonas. Estos impactos tienen como punto de partida los débiles procesos de certificación ambiental y las pocas garantías que se otorgan previo a la implementación de los grandes proyectos para minimizar estos impactos socioambientales.

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La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) son instrumentos de gestión ambiental, planificación y de toma de decisiones,imprescindibles para dimensionar los potenciales impactos socioambientales que pueden generar los proyectos y para asegurar el diseño de medidas adecuadas de prevención, mitigación y compensación. Estos instrumentos se encuentran regulados dentro de nuestro marco legal en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Sin embargo, aún hay deficiencias en cuanto a la difusión y transparencia de información, ya que actualmente no se centraliza la información en un único expediente de proyecto (planificación, implementación y fiscalización), pues son diversas entidades que participan en este proceso. Ello dificulta la vigilancia ciudadana y que solo sea posible acceder a los expedientes de manera presencial, lo que puede ser perjudicial para aquellas personas que no viven en Lima. Asimismo, los derechos a la participación y a la consulta en muchos casos son utilizados como un checklist y no se garantizan plenamente. Es así que, a pesar de contar con la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, no se cumple cabalmente.

Además, cuando el Estado declara proyectos de interés nacional, estos tienen la finalidad de acelerar los procesos de licenciamiento ambiental sin realizar un análisis a profundidad de los posibles efectos socioambientales de dichas actividades. Este contexto resulta más preocupante debido a las recientes medidas propuestas en el contexto de la COVID-19, las cuales están orientadas a incentivar las inversiones y al mismo tiempo a debilitar las exigencias socioambientales y los mecanismos de participación ciudadana.

Por ello, es primordial la intervención y opinión vinculante del Ministerio de Cultura en los procesos de EIA, más aún en proyectos que impacten los territorios de pueblos indígenas. Adicionalmente, se debería incluir la opinión vinculante del Ministerio de Salud en los proyectos de hidrocarburos, transporte terrestre y fluvial, debido a los riesgos a la salud humana que implican estos proyectos que afectan la calidad del agua, aire, suelos, subsuelo, ruidos, etc. Asimismo, es necesario incluir herramientas y metodologías sobre impactos a la salud para afrontar la situación actual de la pandemia en estos procesos.

Finalmente, es necesario que la planificación de los proyectos de infraestructura o extractivos cuente con transparencia y procesos participativos con poder de decisión que integren un enfoque intercultural y de género, incluyendo la discusión sobre sus impactos socioambientales, sobre todo a la salud, antes de que se tomen las decisiones finales para una mejor gobernanza de los recursos naturales.

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