El Ejecutivo aprobó mediante decreto supremo los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar del trabajo y criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, aplicables al sector público.
Entre las medidas, Recursos Humanos deberá identificar a los servidores civiles con discapacidad hasta el día siguiente hábil de su ingreso a la entidad pública, además de reportar si el personal en mención cuenta con los ajustes razonables (modificaciones necesarias que sirven para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones). El trabajador también podrá emitir una solicitud, la cual deberá ser respondida mediante un informe que mencione si se requiere la implementación.
Si la entidad pública deniega la solicitud, esta deberá ser debidamente justificada en el informe remitido.