Tal como lo había adelantado el ministro de energía y minas, Francisco Ísmodes, el Gobierno oficializó la creación de una comisión que evaluará y propondrá ajustes para una nueva ley de minería.
Como se recuerda, tras los conflictos sociales en Las Bambas y Tía María, el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó estar de acuerdo con mejorar la actual normativa, lo cual volvió a ser ratificado por el ministro del sector semanas después.
Mediante un decreto supremo publicado este martes, el Ejecutivo creó la comisión consultiva denominada “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible”, con el objetivo de “proponer medidas normativas y de gestión, así como de política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles”.
Dicha comisión se instalaría en un plazo máximo de 10 días hábiles y tendrá plazo de 120 días hábiles para culminar con su labor.
La Comisión Consultiva estará conformado por los siguientes integrantes: lo presidirá la economista Roxana María Barrantes Cáceres. También lo conformarán Luis Carlos Marchese Montenegro (expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), Carlos Herrera Descalzi (exministro de energía y minas), Diego Macera (director del Instituto Peruano de Economía), Elsa Galarza Contreras (exministra del ambiente), Iván Lanegra Quispe (exviceministro de Interculturalidad), Paulo Vilca Arpasi (exviceministro de Interculturalidad), Gonzalo Tamayo Flores (exministro de energía y minas). La participación de los integrantes de la Comisión, es ad honorem.
Mientras que el Viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Minas actuará como Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva, encargándose de la asistencia técnica correspondiente, que apoye el trabajo de la Comisión Consultiva, entre otros, en la solicitud, recopilación y análisis de información, organización de reuniones y elaboración de actas y redacción de documentos.
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Según reconoce el Gobierno a través del documento publicado hoy, existen beneficios procedentes de la minería, no obstante, los conflictos relacionados a ella son frecuentes, tanto por preocupaciones ambientales como por expectativas y brechas no satisfechas. Además, el aprovechamiento de los beneficios que genera la actividad extractiva no cuenta con enfoque de desarrollo territorial.
Por ello, plantea adecuar o mejorar algunos alcances del desarrollo minero competitivo y sostenible y de manera transversal regular los aspectos económicos, sociales, laborales, de aprovechamiento de tecnología, la minería artesanal, entre otras lo cual debe estar considerado en la normativa legal que la regula, y de esta forma fortalecer su desarrollo y beneficios que se generan para las localidades alrededor de los proyectos y operaciones mineras y del país en general.
A la fecha, la propuesta de una nueva ley general de minería de los Gobernadores regionales del sur ya ha sido enviada al Congreso para su debate en comisiones.
A través de un tweet, Ivan Lanegra, uno de los integrantes esta comisión consultiva se pronunció y señaló lo siguiente:
“Es un honor el haber sido invitado por las autoridades del gobierno a integrar la comisión de 8 profesionales, en diversos rubros, que propondrá “...medidas normativas y de gestión, así como de política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles. Un desafío”, dijo.
Ivan Lanegra