Multas de hasta 30.000 euros por coche con más de dos ocupantes: la nueva medida de la DGT en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un giro estratégico en la política de movilidad urbana en España. Entre las propuestas destacan el uso obligatorio de carriles VAO para coches con al menos dos personas, la posible limitación a un solo coche por vivienda y nuevas sanciones económicas por acceder a espacios protegidos.

En ciudades como Madrid, estas iniciativas buscan reducir la congestión vehicular y fomentar una movilidad más eficiente. La DGT también analiza la implementación de sensores y radares inteligentes para controlar el número de ocupantes en los vehículos, inspirándose en modelos aplicados en Francia.

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Restricción de vehículos por vivienda: el ejemplo balear

Una de las medidas más polémicas proviene de Baleares, donde el Parlament tramita una proposición de ley para limitar a un solo coche por vivienda. La norma contempla excepciones para residentes permanentes, servicios de emergencia y personas con movilidad reducida, y está prevista para entrar en vigor en 2026.

El objetivo es frenar el colapso vial en temporada baja y proteger el entorno natural frente al auge del turismo. Esta legislación sería pionera en España, y se observa como modelo en otras zonas costeras con presión turística similar.

Además, en Ibiza y Formentera ya se aplica una tasa de 1 euro diario a los vehículos de no residentes durante los meses de verano. En Mallorca, la nueva regulación impondrá tarifas variables entre 35 y 150 euros por entrada, dependiendo de las emisiones del vehículo.

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Carriles VAO y sanciones por daños ambientales

La DGT también impulsa la expansión de los carriles VAO en zonas urbanas, destinados exclusivamente a vehículos con dos o más ocupantes. Para garantizar su cumplimiento, se evalúa el uso de tecnología de detección automática, que permitirá identificar infractores sin detener el tráfico.

Aunque todavía no se aplica una multa directa por viajar solo en estos carriles, el uso indebido podría implicar sanciones por acceder a zonas con restricciones específicas.

Las multas más severas actualmente vigentes en España alcanzan los 30.000 euros, especialmente si un conductor accede sin autorización a caminos rurales o áreas protegidas y provoca daños. En zonas forestales, la sanción mínima es de 5.000 euros, aumentando según el nivel de afectación al ecosistema.