Gobierno de Colombia excluye a líder del Clan del Golfo de negociaciones de paz

El gobierno de Colombia dio marcha atrás en su decisión inicial de incluir al actual líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila, como negociador de paz, anunció el martes el coordinador de su delegación.

El presidente Gustavo Petro firmó el viernes una resolución para "excluir como representantes" del grupo en las negociaciones de paz a Ávila, conocido con el alias de "Chiquito Malo", junto con otros dos cabecillas, según un documento divulgado por la prensa local cuya autenticidad fue confirmada por Álvaro Jiménez, delegado del gobierno para los acercamientos, en entrevista con Caracol Radio el martes.

"Chiquito Malo" es considerado el máximo líder del principal grupo narcotraficante de origen paramilitar, que hoy se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia. Es el reemplazante de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", tras su captura y posterior extradición a Estados Unidos en 2022.

Con la resolución "se espera que en el año 2025 podamos pasar a una fase pública de instalación de una mesa" de conversaciones de paz con el Clan con miras a "la finalización de su existencia", aseguró Jiménez.

Tres de los seis negociadores inicialmente propuestos por Petro en julio continuarán en la mesa, según la nueva resolución.

"Consideramos que es suficiente con las tres personas que quedan habilitadas", aseguró, pues los tres cabecillas excluidos cuentan con "órdenes de captura que tienen el propósito de ser extraditados", lo que podría dificultar el proceso.

El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia pretende desactivar por medio del diálogo la guerra interna que enfrenta a guerrilleros, paramilitares, narcos y agentes estatales.

El Clan insiste en ser tratado como una organización política dado su origen paramilitar y suele negarse a aceptar un sometimiento a la justicia.

Según cálculos oficiales, la organización exporta unas 700 toneladas de cocaína anuales desde Colombia, el principal país productor de esa droga según la ONU.

El grupo también estaría vinculado con la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan.

El abogado del grupo armado, Ricardo Giraldo, aseguró también el martes a Caracol Radio que la decisión les tomó por "sorpresa" y que generará "reparos" dentro de la organización.

"Puede ser legal, pero no suena bonito. ¿Con quién van a negociar?", cuestionó.

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