Fiscalía mantiene pedido de prisión para entrenador de Real Madrid por fraude fiscal
La Fiscalía mantuvo este jueves su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber ocultado al fisco español parte de sus ingresos procedentes de derechos de imagen.
El ministerio público -que en España suele hacer públicas sus peticiones antes de que arranque la vista oral y puede ratificarlas o modificarlas al final- pide condenar al técnico italiano por haber defraudado más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo al Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).
"Entendemos que concurren los hechos de defraudación, ocultación y omisión", indicó el fiscal en sus conclusiones. Ancelotti "alega una ignorancia a la que difícilmente puede acogerse", estimó.
Tras dos días de sesiones en un tribunal de Madrid, el juicio quedó visto para sentencia este jueves.
"El señor Ancelloti no tenía muy claro lo que estaba firmando", defendió de su lado el abogado del técnico, Carlos Zabala, en su intervención final, haciendo referencia a su contrato con el club madrileño.
El letrado, que solicitó la absolución de su cliente, estimó que el caso se podría haber resuelto por la vía administrativa y acusó al fisco español de haber querido someter al técnico a un "escarnio público".
Durante su declaración del miércoles, Ancelotti aseguró que nunca pensó en cometer fraude, y que fue el club quien le propuso esta forma de remuneración.
El entrenador italiano pactó cobrar 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) netos por cuatro temporadas, de las que finalmente cumplió dos, y fue el club, sostuvo, quien le propuso cobrar el 15% en derechos de imagen.
Según la administración fiscal española, Ancelotti declaró sus ingresos como técnico del Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.
Los ingresos por derechos de imagen fueron, de acuerdo con el ministerio público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.
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