Panamá mantiene edad de jubilación tras protestas de trabajadores
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, promulgó este martes una ley de reforma del sistema de pensiones sin elevar la edad de jubilación, como contemplaba su proyecto original, debido al rechazo de los sindicatos.
El mandatario buscaba elevar en tres años la edad de jubilación, a 60 años las mujeres y 65 los hombres, para evitar la quiebra de la Caja del Seguro Social, pero encontró una férrea oposición de los sindicatos, que convocaron a una marcha de protesta este martes y a una huelga nacional el viernes.
La propuesta de elevar la edad de jubilación fue descartada para que pudiera prosperar la reforma, tras caldear los debates del proyecto en el Congreso.
La reforma aprobada por el Congreso establece un aumento de 3% en la cuota que pagan los empleadores por cada trabajador. También modificó aspectos administrativos de la Caja, criterios para el cálculo de beneficios y pautas de inversión para darle rentabilidad a sus activos.
Sin embargo, la edad podría ser elevada a futuro, pues la nueva ley dispone que la Caja encargue estudios técnicos para determinar la viabilidad de mantener la edad de retiro en 57 años en las mujeres y de 62 en los hombres.
El presidente derechista firmó la ley en una breve ceremonia en el Palacio de Las Garzas, en presencia de algunos ministros, la titular del Congreso, Dana Castañeda, y el jefe del Seguro Social, Dino Mon, entre otros.
"Gracias a todo el equipo que hizo posible la aprobación de la Ley 462", escribió en X Mulino, quien tiene previsto dar un mensaje al país por televisión este martes.
El líder del sindicato nacional de la construcción, Suntracs, Saúl Méndez, afirmaba que Mulino buscaba elevar la edad de retiro para "robarles a los pensionados y trabajadores su plata para dársela a los bancos".
En febrero, hubo dos protestas en la capital en rechazo al proyecto mientras era debatido por los diputados. La primera de ellas, el 12 de febrero, culminó con 15 policías heridos y medio millar de detenidos.
Los expertos han advertido que, sin reforma, el Seguro Social acumularía este año un déficit superior a 1.000 millones de dólares, que podría duplicarse hacia 2030. La Caja también administra hospitales públicos.
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