Arrestado el presidente surcoreano por declarar la ley marcial

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue arrestado el miércoles después de que cientos de agentes policiales y anticorrupción accedieran a su residencia, donde llevaba atrincherado desde la imposición en diciembre de una controvertida ley marcial.

El dirigente conservador sumió a la democracia asiática en su peor crisis en décadas al suspender el orden civil y enviar a los soldados a la Asamblea Nacional en la noche del 3 de diciembre, aunque derogó la medida horas después.

Suspendido por una moción de destitución del Parlamento, Yoon también era objeto de una investigación por insurrección que lo ha llevado a convertirse en el primer presidente del país en ser arrestado durante su mandato.

Cientos de agentes de la policía y de la Oficina de Investigación de la Corrupción allanaron el miércoles temprano la residencia de Yoon en Seúl, protegida por miles de partidarios y por su fiel guardia presidencial que había impedido un primer arresto el 3 de enero.

Bloqueados por el personal de seguridad, algunos agentes escalaron las vallas del complejo con escaleras de mano o usaron senderos para llegar hasta el edificio principal, situado en la cima de una colina.

Después de horas de tensión, un abogado del presidente anunció que este había decidido comparecer personalmente ante los investigadores. A los pocos minutos, estos anunciaron su detención.

"La Oficina de Investigación Conjunta ejecutó una orden de arresto para el presidente Yoon Suk Yeol hoy a las 10H33 (01H30 GMT)", afirmó en un comunicado este equipo formado por la policía, la agencia anticorrupción y el Ministerio de Defensa.

En un mensaje por video grabado previamente, el dirigente conservador afirmó que había decidido acatar la orden de detención "para evitar cualquier desafortunado baño de sangre".

El presidente abandonó la residencia en un convoy policial e ingresó poco después en las oficinas de la agencia anticorrupción, comprobaron periodistas de la AFP.

- "Primer paso" -

En el primer intento de arresto del 3 de enero, cientos de miembros armados de los servicios de seguridad de Yoon se confrontaron con los investigadores, que suspendieron el arresto.

Desde entonces habían redoblado la seguridad de la residencia, instalando alambres de púas en el recinto y bloqueando algunas rutas de acceso con barricadas de autobuses.

Antes del amanecer del miércoles, la tensión se había instalado en los alrededores de la residencia del presidente surcoreano que, pese a su impopularidad, contaba con un buen séquito de fieles seguidores dispuestos a protegerlo.

Reporteros de la AFP observaron trifulcas y puñetazos en la puerta principal de la residencia, donde los investigadores se toparon con los simpatizantes de Yoon, su personal y diputados de su partido.

Algunos de los seguidores concentrados se tumbaron en el suelo para impedirles pasar. Otros ondeaban banderas de Corea del Sur y Estados Unidos o gritaban contra la orden de captura que consideran "ilegal".

La policía y los agentes anticorrupción empezaron a echar de la zona a los seguidores, así como a una treintena de diputados del partido de Yoon que aparentemente también acudieron a protegerlo, dijo la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Ante la tensa situación, la policía decidió no llevar armas de fuego y limitarse a llevar chalecos antibalas en caso de graves enfrentamientos con la guardia presidencial, señalaron los medios locales.

La orden judicial vigente permite su retención por un máximo de 48 horas. Para mantenerlo bajo custodia, los investigadores deberían solicitar una nueva autorización de la justicia.

El equipo legal de Yoon había alegado en todo momento que la orden de captura era ilegal y que la oficina anticorrupción no tenía legitimidad para investigarlo.

La principal formación de oposición en Corea del Sur, el Partido Democrático, afirmó que el arresto es "el primer paso hacia la restauración del orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho".

El presidente también se enfrenta a un juicio iniciado el martes en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no la moción de destitución aprobada por el Parlamento.

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