Agrícola japonesa acatará sentencia por esclavitud moderna en Ecuador, pero busca reducir indemnizaciones
La agrícola japonesa Furukawa, condenada en Ecuador por la práctica de esclavitud moderna en sus campos de abacá, dijo este sábado que cumplirá la sentencia, aunque advirtió que el pago de 41 millones de dólares en indemnizaciones implicará el "cierre" de la empresa.
"La empresa siempre es respetuosa de la institucionalidad", expresó a la AFP el gerente de la firma, Adrián Herrera. "Tendremos que cumplir la sentencia en la medida en la que sea posible", añadió.
La empresa, que desde hace seis décadas produce esta resistente fibra natural en la costa ecuatoriana, fue condenada por la Corte Constitucional del país a pagar 120.000 dólares a cada una de las 342 personas que vivieron bajo condiciones de esclavitud en sus campamentos.
El pago integral de las indemnizaciones "para la empresa significa el cierre", afirmó sin embargo su gerente, que señaló que la agrícola cuenta con activos por unos seis millones de dólares.
"Ni siquiera vendiendo todas las propiedades, todos los vehículos, todos los activos de la compañía alcanzarían a pagar esos 41 millones de dólares", aseguró Herrera a la AFP.
El fallo del 5 de diciembre, considerado histórico en los intentos de poner fin a la práctica conocida como servidumbre de la gleba en Ecuador, también exige que la empresa pida disculpas públicas a los extrabajadores.
Lo mismo deberá hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
El máximo tribunal ecuatoriano consideró también que hubo omisión por parte de las instituciones públicas, como los ministerios de Trabajo, Salud, Educación e Inclusión Económica y Social.
De acuerdo con la sentencia, los trabajadores vivieron bajo condiciones de esclavitud en campamentos de la empresa sin luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.
Furukawa, que introdujo el abacá en Ecuador para convertirlo en el segundo exportador mundial después de Filipinas, con ventas por casi USD 23 millones en 2023, presentó el miércoles un recurso de aclaración ante la Corte Constitucional sobre el fallo, en el que pide que el monto de compensación sea revisado a la baja.
"Por su carácter desproporcionado, la sentencia pone en riesgo la sostenibilidad de la compañía y amenaza los derechos de cientos de trabajadores actuales, cuyo sustento depende de su continuidad", apuntó la empresa en un comunicado previo.
Los abacaleros están protegidos por una decisión judicial que les permite estar en los predios para evitar que la empresa destruya los campamentos y borre evidencia, de acuerdo con Alejandro Morales, abogado de los demandantes.
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