Pediatra rusa condenada a 5 años de prisión por criticar al ejército durante una consulta
La justicia rusa condenó el martes a cinco años y medio de prisión a una pediatra de Moscú acusada por la madre de uno de sus pacientes de haber criticado la ofensiva rusa en Ucrania durante una consulta.
El tribunal "declaró culpable" a Nadezhda Buyanova, médica de 68 años, y la "condena a cinco años y medio" de prisión, anunció la jueza Olga Fedina, según informó una periodista de AFP presente en la sala de audiencia.
Uno de sus abogados, Óscar Tcherdjiev, calificó la condena de "severa e ilegal" frente a los periodistas, señalando que "¡no se presentó ninguna prueba!".
Para Buyanova el calvario comenzó el 31 de enero, cuando Anastasia Akinchina, de 34 años y pareja de un soldado desaparecido en el frente en Ucrania, la denunció.
Esta madre de un niño de siete años acusó a la pediatra de haberle dicho en una conversación privada que su esposo desaparecido en Ucrania "era un objetivo legítimo" para las fuerzas armadas ucranianas y que "Rusia era un país agresor que atacaba a civiles ucranianos".
Buyanova rechaza esta versión y describe a Akinchina como "una persona de carácter inestable", que salió "nerviosa y descontenta" de una consulta para tratarle un orzuelo a su hijo.
Tras las acusaciones, la pediatra fue despedida y solo tuvo diez minutos, según relató, para recoger sus pertenencias y abandonar el hospital en el que había trabajado durante cuatro años.
En febrero fue formalmente inculpada, y en abril puesta bajo detención acusada de "difundir información falsa" sobre el ejército ruso, supuestamente motivada por "odio étnico".
La viuda del fallecido líder opositor Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, declaró que Buyanova se enfrentó a un "juicio espectáculo".
"Han metido en la cárcel a una persona mayor por un caso completamente inventado. Por una acusación política que no debería existir en un país normal", escribió en X.
Este caso ilustra la represión contra las voces críticas, reales o supuestas, de la ofensiva militar contra Ucrania, ordenada en febrero de 2022 por el presidente Vladimir Putin y las condenas por cargos de espionaje, traición, sabotaje, extremismo o incluso simples críticas al ejército se multiplican.
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