Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo
El juez Adolfo Farfán determinó que la sesión se retomará el miércoles a las 9.00 p. m. y en ella se determinará si se impone la prisión por nueve meses contra el joven investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.
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La audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar se aplazó por segunda vez. Tras escuchar a las partes, el juez Adolfo Farfán Calderón, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, determinó que la resolución definitiva se dará a conocer este miércoles 4 de marzo a las 9.00 p. m.
El magistrado adoptó esta decisión afirmando que tiene otras tres audiencias de prisión preventiva que atender en las próximas horas. "El día de mañana tengo también audiencias, aparte de las de hoy. De todas maneras, se va leer el día de mañana", señaló antes de dar por concluida la sesión.
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Defensa del imputado
Durante la jornada de hoy, el abogado de Adrián Villar, César Nakazaki, manifestó que el Poder Judicial debería desestimar el requerimiento de la Fiscalía contra su defendido. El letrado aseguró que, si bien su patrocinado reconoce su responsabilidad en el atropello y la muerte de Lizeth Marzano, sus derechos fundamentales tendrán que verse afectados "a través de una sentencia y no mediante una prisión preventiva".
Además, aseguró que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, a diferencia de lo que indica el Ministerio Público. El primer punto, explicó, se sustenta en que el joven tiene vínculos afectivos con sus padres y hermanos, y que el hecho de que sea soltero y no tenga carga familiar, no acredita un peligro de fuga. También afirmó que su lugar de vivienda está plenamente identificado, a través de un certificado domiciliario notarial y un acta de verificación policial. En tanto, sostuvo que el último apartado se acredita al considerar que se venía desempeñando como estudiante de octavo ciclo en la Universidad del Pacífico.
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Alertan manipulación
A su turno, la fiscal Yanet Roller Rodríguez justificó el pedido de prisión preventiva señalando un intento de obstaculización por parte de Villar. Según dijo, se ha podido verificar que el joven manipuló las comunicaciones que sostuvo a través de su teléfono móvil tras el accidente, pues al revisarse el equipo, solo se encontraron registros de llamadas dos horas después de ocurridos los hechos. Sin embargo, no figura una llamada que habría tenido a las 00:58 a. m. del 18 de febrero con Juan Montenegro, según la propia declaración que brindó esta persona a la Fiscalía.
"Por lo tanto, no sabemos qué otras comunicaciones estén borradas del teléfono celular. Es decir, ha obstaculizado la investigación de la verdad y puede seguir haciéndolo. Ese es el peligro que existe para el Ministerio Público", indicó.
Pide perdón
Antes de terminar la sesión, el juez le dio la posibilidad a Adrián Villar de manifestarse. En ese sentido, el joven se expresó pidiendo disculpas a la familia de Lizeth Marzano. "Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y sus consecuencias, y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia", señaló.
Asimismo, ante una repregunta del juez sobre qué pasó por su cabeza al momento del accidente para huir de la escena sin auxiliar a la víctima, Villar respondió: "No sé qué me pasó, mi cabeza me decía que pare, y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. No sé qué me pasó, lo siento muchísimo".
Claves del caso
Adrián Villar es investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista nacional Lizeht Marzano, además de no auxiliarla y huir tras el accidente. Por estos hechos, la Fiscalía le imputa los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga. La Fiscalía estima una condena no menor de ocho años de pena privativa de la libertad. Hasta el momento, la única disposición legal que pesa contra el imputado es el impedimento de salida del país por nueve meses.
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