Ministro Juan José Santiváñez pide apartar a fiscal Carlos Ordaya del caso los Waykis en la Sombra

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha presentado, a través de sus representantes legales, una denuncia contra el fiscal Carlos Ordaya en el marco de la investigación por el caso Waykis en la Sombra. Ordaya ocupó el cargo de fiscal en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Según la defensa de Santiváñez, el fiscal habría incurrido en diversas irregularidades al investigar a Juan José Santiváñez en secreto y sin considerar que el ministro es aforado, por lo que no podría ser juzgado por tribunales sin la competencia adecuada para hacerlo.

Cabe mencionar que, anteriormente, un informe de la Unidad de Investigación de La República detalló cómo Ordaya comunicó la vinculación entre Santiváñez y otros involucrados en el caso, como el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y Jorge Ortiz Marreros. Según se señala en dicho informe, Santiváñez accedió a su cargo como ministro del Interior después de haber fungido como "abogado en la sombra" de los mencionados implicados.

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Los apuntes del fiscal Ordaya sobre Santiváñez en el caso Waykis en la Sombra

En el mencionado informe se describen minuciosamente los relatos de Ordaya, en los que se especifican las acciones que, supuestamente, habría llevado a cabo el actual ministro del Interior para favorecer el encubrimiento del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y de Jorge Ortiz Marreros, exdirector de Orden Interno del Mininter, en el marco del caso.

Según se detalla, Santiváñez habría solicitado al abogado Luis Vivanco que reemplazara a Mateo Castañeda en la defensa del hermano de la presidenta, luego de que este fuera arrestado. El fiscal afirma que esta acción forma parte de una serie de conductas contrarias a la ley en el desempeño de sus funciones como ministro del Interior.

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“(Santiváñez) desplegó diversas conductas ilícitas, quebrantando su deber y función como alto funcionario del Estado, primero en su calidad de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y, posteriormente, como viceministro, al planificar, ejecutar y encubrir al hermano de la presidenta (Nicanor Boluarte) y al presunto integrante de la organización criminal, Jorge Ortiz Marreros; asimismo, para asegurar su silencio, adoptó medidas concretas destinadas a proteger a Nicanor Boluarte”, señala el fiscal, quien ahora ha sido demandado por Santiváñez para dejar su cargo.

“En circunstancias en las que Ortiz Marreros se encontraba prófugo de la justicia, Santiváñez le prometió que sumaría a su defensa técnica y asumiría los demás costos y gestiones derivados de la investigación en su contra. Además, indicó que, por encargo de la presidenta Dina Boluarte, se le brindaría todo el apoyo, pero bajo la condición de no delatar a Nicanor Boluarte, propuesta que Ortiz Marreros aceptó, según declaró un testigo protegido”, agregó el fiscal Carlos Ordaya al detallar las presuntas conductas inapropiadas del ministro.

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Juan José Santiváñez y un nuevo intento por frenar las investigaciones en su contra

Esta nueva denuncia se suma a un antecedente reciente que evidencia los intentos del ministro del Interior por evitar las investigaciones en su contra. Hace pocos días, Santiváñez presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, fiscal de la Nación, ante el Congreso de la República, solicitando su inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas. Según sus argumentos, la titular del Ministerio Público habría incurrido en abuso de autoridad al solicitarle las credenciales de su cuenta de iCloud, en el marco de las investigaciones relacionadas con sus supuestos vínculos con el capitán de la PNP Junior Izquierdo, alias "Culebra", donde se evidenció un intento de presión contra el periodista Marco Sifuentes. Cabe recordar que la solicitud de credenciales de iCloud se dio luego de que Santiváñez entregara un celular reseteado al Ministerio Público ante la solicitud de este artefacto para continuar con las diligencias correspondientes.

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En el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso se lee: "Solicito se declare la responsabilidad de la autoridad denunciada, por cometer infracción a la Constitución, y se proceda con su inhabilitación para el ejercicio del cargo público por 10 años". Según Santiváñez, el presunto abuso de poder de Delia Espinoza también habría evidenciado la comisión de otros dos delitos: la divulgación de información de una investigación en curso y la revelación de datos reservados, cuya naturaleza requería confidencialidad.

Ante esta denuncia, Santiváñez sostuvo: "Las instituciones no son personas. Lo que hemos hecho, a través de mis abogados, es interponer una denuncia constitucional por la vulneración que comete la Fiscalía al hacer públicas las investigaciones de un funcionario denunciado. (...) Esté o no esté la señora Delia Espinoza, la Fiscalía seguirá trabajando. Creo que ningún funcionario es absolutamente indispensable", afirmó el ministro en Trujillo.