ONU acusa a Rusia de "crímenes contra la humanidad" por deportación y desaparición forzada de miles de niños ucranianos
El informe destaca que al menos 1.205 niños fueron trasladados sin consentimiento familiar a territorio ruso , con el 80% sin regresar a sus hogares.
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Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a las autoridades rusas de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzoso de menores ucranianos hacia territorio ruso durante la guerra iniciada en 2022. El informe sostiene que las prácticas documentadas constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y afectan a una de las poblaciones más vulnerables del conflicto. Según el reporte, también hubo desaparición forzada de niños.
La investigación fue elaborada por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania para examinar abusos cometidos durante la invasión rusa. Los expertos concluyeron que las deportaciones afectan profundamente la vida de los menores y su futuro. "Han tenido consecuencias irreversibles en sus vidas y su futuro”, se lee, al tratarse de víctimas particularmente vulnerables dentro del conflicto armado.
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Sin el consentimiento de los padres
El reporte documenta al menos 1.205 casos confirmados de menores procedentes de cinco regiones ucranianas que fueron trasladados a zonas ocupadas o al territorio de la Federación Rusa. De acuerdo con los investigadores, alrededor del 80% de esos niños no han regresado a sus hogares, lo que evidencia la magnitud del problema humanitario derivado de la guerra.
Los especialistas señalaron además que fueron enviados a distintas regiones rusas, en algunos casos muy alejadas de Kiev, sin que sus familiares fueran informados sobre su paradero. La comisión subrayó que la situación se agravó porque se dio prioridad a adopciones o custodias prolongadas, medidas que dificultan el reencuentro con sus familias y obstaculizan la repatriación de los afectados.
Asimismo, indicaron que las autoridades rusas retrasaron o bloquearon el retorno de los niños, lo que refuerza la conclusión de que existió una política sistemática. La comisión enfatizó que las acciones examinadas forman parte de prácticas dirigidas contra la población civil durante la ocupación de territorios ucranianos, un patrón que ha sido documentado en diferentes informes internacionales sobre el conflicto.
Un crimen contra civiles
Los expertos de la ONU determinaron que las deportaciones constituyen crímenes contra la humanidad porque se realizaron de manera generalizada y sistemática contra civiles, especialmente menores de edad. En derecho internacional, estas categorías se aplican cuando los abusos no son incidentes aislados, sino parte de una política organizada dirigida contra la población. La comisión concluyó que las acciones analizadas cumplieron con esos criterios jurídicos.
Además, el informe recuerda que el derecho internacional humanitario solo permite evacuar a civiles de forma temporal y por razones estrictas de seguridad o atención médica. Sin embargo, los investigadores concluyeron que en los casos estudiados no se establecieron mecanismos eficaces para su retorno, lo que vulnera las normas que regulan la protección de los niños durante conflictos armados.
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El pasado 4 de diciembre, Dmytro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania, acusó a Moscú por el traslado de niños "secuestrados" hacia campamentos en Pionyang para ser "rusificados y militarizados", bajo la influencia de su régimen. El Centro Regional de Derechos Humanos identificó a dos jóvenes, Misha y Liza, en las instalaciones de Songdowon, donde supuestamente recibieron instrucción para destruir a "los militaristas japoneses". Ante este escenario, la ministra adjunta de Exteriores, Mariana Betsa, denunció ante la comunidad internacional que el Kremlin utiliza a la infancia ucraniana como "trofeos de guerra".
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige a los rusos la devolución inmediata de los más de 19.000 menores desplazados a la fuerza. El documento demanda el cese del "cambio de estatus" legal de estos ciudadanos y el fin de las deportaciones hacia territorios como Bielorrusia o la propia Federación Rusa. Aunque la medida carece de carácter vinculante, el respaldo de 91 naciones refuerza la presión diplomática contra las prácticas de ocupación. Kiev sostiene que esta estrategia forma parte de un acercamiento militar entre Vladímir Putin y Kim Jong-un en el contexto del conflicto actual.
