Familia colombiana denuncia a Estados Unidos ante la CIDH por asesinato de un pescador en ataque en el Caribe
Los familiares del pescador colombiano, Alejandro Carranza, aseguraron que fue víctima de una ejecución extrajudicial luego de que su embarcación fuera bombardeada por fuerzas estadounidenses en el Caribe.
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Los familiares de un ciudadano colombiano, que murió durante un operativo militar de Estados Unidos en el mar Caribe, presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata del primer caso de este tipo que llega a esa instancia internacional.
La demanda fue interpuesta el último martes por el abogado especialista en derechos humanos, Dan Kovalik, y firmada por la esposa del fallecido, Katerine Hernández Bernal. En ella se argumenta que el pescador colombiano Alejandro Carranza falleció el 15 de septiembre, cuando Estados Unidos impactó su bote frente a las costas de Colombia.
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Alegan una ejecución extrajudicial
El abogado Kovalik denunció que la muerte de Carranza fue resultado de una ejecución extrajudicial cometida por el gobierno de Estados Unidos, en clara transgresión a los derechos humanos. Según detalló, la familia del pescador busca una compensación por los daños sufridos y acabar este tipo de ataques letales. “Estas muertes violan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, señala la denuncia que incluye al dirigente de una asociación de pescadores en Santa Marta, como testigo de los hechos.
El documento, además, responsabiliza directamente del asesinato al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien acusa de haber ordenado el bombardeo de embarcaciones como la que ocupaba Carranza Medina, provocando la muerte de todos los tripulantes. También sostiene que dicha operación fue "ratificada" por el presidente Donald Trump.
Trump, por su parte, declaró en su red Truth Social que el ataque del 15 de septiembre había acabado con la vida de tres “narcoterroristas venezolanos” que transportaban droga hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la familia de Carranza sostiene una versión muy distinta: afirman que Alejandro era un pescador de marlines y atunes, que ese día salió al mar como de costumbre y que nunca regresó a casa.
Petro defiende a pescador asesinado
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró, anteriormente, que Alejandro Carranza había dedicado toda su vida a la pesca y que no tenía vínculos con el narcotráfico. Según explicó, el día del ataque, su embarcación había enviado una señal de auxilio tras sufrir una falla en el motor.
Más adelante, Petro reconoció que, ante la situación económica que enfrentaba, el pescador podría haber aceptado dinero para transportar mercancía ilegal. Sin embargo, enfatizó que “nunca sus acciones merecieron la pena de muerte”.
El último lunes, el jefe de Estado confirmó que el abogado Kovalik había asumido la defensa legal de la familia de Carranza. Además, pidió la conformación de una comisión de juristas colombianos para investigar lo que, a su juicio, fueron "delitos" cometidos en el Caribe.
Los ataques de EE.UU. contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe
Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca ha lanzado al menos 22 ataques contra embarcaciones que, según sus informes, estarían involucradas en el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones han dejado un saldo de al menos 83 personas fallecidas.
Las autoridades estadounidenses han intentado justificar estas acciones argumentando que los barcos transportaban individuos asociados a cerca de dos decenas de cárteles de droga, los cuales, según Washington, estarían inmersos en un conflicto armado contra Estados Unidos.
Washington ha insistido en que estas operaciones “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, un marco jurídico internacional que busca proteger a la población civil en escenarios de guerra o enfrentamiento armado.
Sin embargo, la CIDH manifestó su preocupación por la naturaleza de estos ataques. A través de un comunicado, la entidad instó al gobierno estadounidense a “garantizar que todas las operaciones de seguridad, incluidas las que se llevan a cabo fuera de sus fronteras, sean coherentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, se lee en el comunicado.
