La Libertad: ampliación para formalización de minería afectaría lucha contra ilegales en cerro El Toro
Abogada especializada en Derecho Ambiental señala que genera impunidad y una suerte de protección al minero ilegal.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido el disfraz perfecto y la defensa legal para que los mineros ilegales de La Libertad, durante años, utilicen este recurso para realizar sus actividades al margen de la ley y para su provecho personal, explotando hasta a menores de edad que perdieron la vida en oscuros socavones. Esto sin mencionar los costos ambientales.
Karina Garay, abogada especializada en Derecho Ambiental, hace hincapié en su artículo sobre el tema en actualidad ambiental de que existe el Decreto Legislativo 1351, publicado el 7 enero 2017, el cual incluye en el artículo 307°-A del Código Penal, disponiendo en el segundo párrafo: “…la misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización”.
“Con lo que se genera impunidad y una suerte de protección al minero ilegal, pues al minero en proceso de formalización no le importará realizar la actividad extractiva en cuerpos de agua o con maquinaria no autorizada, ya que, por estar dentro de un proceso de formalización o inscribirse en el Reinfo, se le “perdonará” del delito cometido”, describe Garay.
Hasta la Defensoría del Pueblo se había pronunciado para que el Ejecutivo observara la autógrafa del dictamen recaída en los proyectos de ley 688/2021-CR, 705/2021-CR y 733-2021-CR. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, envió un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde precisó que la propuesta normativa no garantiza actividades mineras sostenibles y respetuosas con el marco jurídico, lo que a su vez vulnera los derechos a la salud, a la vida y a gozar de un ambiente adecuado.
Esta ampliación impulsada por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y dirigentes mineros generaría que las mafias ilegales vuelvan con más fuerza para robar mineral y contaminar el medio ambiente, como ha sido denunciado a lo largo de este tiempo por la población, comuneros y autoridades. Lo más evidente y cercano en La Libertad es Quiruvilca (Santiago de Chuco) y el cerro El Toro (Huamachuco), dos locaciones que concentran a la minería ilegal.
Personal policial, por disposición del fiscal de Huamachuco Jorge Luis Fernández Urteaga, se hizo presente en las instalaciones de Minerals Doña Julia. Foto: PNP
Inspección
Una reciente diligencia policial inopinada por disposición del fiscal de Huamachuco Jorge Luis Fernández Urteaga se hizo presente en las instalaciones de Minerals Doña Julia, y ahí se pudo comprobar que se realizaban labores a la vista de todo el mundo, a pesar de las prohibiciones establecidas por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos.
La acción se realizó tras la denuncia contra Jorge Espejo Moreno, Walter Carhuallay Laguna, Segundo Manuel Flores Pizán y Omar Escobedo Carbajal por hurto agravado en perjuicio de la compañía minera Los Andes Perú Gold SAC. La misma es titular de la concesión minera Rosa Amparo A.C.4.
Los efectivos policiales fueron atendidos y tras comunicarse vía telefónica con el dueño Jorge Espejo su respuesta fue toda una sorpresa para los policías. Este, de forma altanera y prepotente, le dijo a uno de los efectivos policiales: “...no te metas en cosas que no te importan. Se retiran de mi predio porque de lo contrario te mando personal policial”, según se lee en el acta policial.
Acta de constatación policial realizada a las instalaciones de Minerals Doña Julia, tras la denuncia de hurto agravado en perjuicio de la Compañía Minera Los Andes Perú Gold SAC. Foto: Prensa Huamachuco
Cifras
Solo en el 2021 la minería ilegal ha dejado alrededor de 30 muertos en el ande que se suman a la larga lista de víctimas cuyas muertes siguen enterradas en la impunidad y en el olvido. Aún la Fiscalía viene investigando la muerte de cuatro mineros.
