Indagación a tres consejeros por la Fiscalía podría paralizar la Junta Nacional de Justicia

La investigación que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició contra tres consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscaría que este organismo se quede sin quorum y, de esa manera, impedir que tome alguna decisión en los procesos disciplinarios contra ella.

Veamos. De acuerdo con fuentes judiciales, si los consejeros señalados —Imelda Tumialán Pinto, Humberto De la Haza Barrantes y María Zavala Valladeres— salieron en público a criticar esa absurda investigación, Benavides podría utilizar ese acto para decir que hay animadversión en su contra.

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Con ese argumento, explican las fuentes, sus abogados plantearían una inhibición y la recusación de Tumialán, De la Haza y Zavala de cualquier proceso disciplinario por iniciarse o en curso que incluya a la fiscal de la Nación. Así, los tres no podrían votar.

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La Junta Nacional de Justicia está integrada por siete consejeros. El quorum para tomar acuerdos en los procesos disciplinarios y destitución es de los dos tercios del número legal de sus miembros, es decir, cinco consejeros.

Sin los tres investigados, solo se quedaría con cuatro integrantes: Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello y Guillermo Thornberry. Los cuatro sobrevivientes ya no podría decidir nada.

Las pesquisas y procesos disciplinarios en curso quedarían estancados hasta que se elijan y asuman nuevos integrantes, en enero de 2025.

Las fuentes consultadas recuerdan que, los primeros días de mayo, la defensa de Benavides planteó la inhibición de Tello diciendo que el hijo de esta consejera, Alberto Ñecco Tello, es viceministro de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Dina Boluarte.

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La defensa de Benavides argumentó que, como ella investigaba a Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola, entonces el Gobierno tenía influencia en las decisiones de dicha consejera, y ella ya no debería investigarla.

Tras evaluar ese argumento, el pleno de la JNJ desestimó el recurso de la fiscal de la Nación. Inés Tello continúa adelante con las investigaciones preliminares contra Benavides referidas a:

1) La condecoración que la fiscal de la Nación recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, personaje investigado por delito de lavado de activos.

2) Presuntas conductas funcionales a partir de las llamadas telefónicas con Antonio Camayo, dueño de Iza Motors y acusado de integrar la red Los Cuellos Blancos del Puerto.

3) Aparente conflicto de interés familiar al separar a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a Emma Benavides Vargas.

Al concluir la indagación, Inés Tello deberá proponer a la Junta el archivo del caso o recomendar el inicio de un proceso disciplinario. Pero si la JNJ se queda sin quorum, no podría decidir nada. La recomendación quedaría congelada en el tiempo.

“Eso parece una jugada planificada, donde una congresista realiza una absurda denuncia, Benavides inicia una investigación y luego plantea la inhibición”, precisó una de las fuentes.

Piden al PJ informar sobre reuniones

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó al Poder Judicial una copia certificada de la sesión de sala plena del 3 de julio, que trató el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, y decidió no emitir pronunciamiento.

Además, recabar el registro de ingresos y salidas, así como el registro de visitas del despacho del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, entre el 21 de junio y el 3 de julio.

Igualmente, ha previsto llamar a declarar al director del programa ‘Combutters’; al presidente del PJ, Javier Arévalo; y a los tres integrantes del JNJ que se encuentran investigados.