Entrevista/ Oswaldo Luizar. El presidente de la comisión del Congreso que investiga la interceptación telefónica demanda al Ejecutivo reglamentar la ley que controlaría la labor de las empresas de seguridad. Ana Núñez. El ex jefe del Comando Conjunto Jorge Montoya alertó que 452 empresas de seguridad operan sin ningún tipo de control. De acuerdo con lo investigado, ¿qué consecuencias tiene esto? Eso es verdad hasta cierto punto, porque hay empresas que son controladas por la Dicscamec. El problema es que hay otras que no se dedican a dar seguridad sino a asesorías, y quedan fuera del marco regulatorio de la Dicscamec. Estamos evaluando el tema para que la norma sea precisa y se establezca un nivel de responsabilidad por parte de algún nivel del Estado. ¿Qué hace falta para enfrentar a este tipo de operaciones? Bueno, hay una ley que regula el control de estas empresas que dan seguridad y que espera ser reglamentada por el Ejecutivo hace dos años. Nosotros demandamos que el Ejecutivo reglamente esta norma de una vez. Ahora, habría que hacer precisiones para que se incluya a las empresas que no brindan seguridad sino asesorías en esa materia, como Business Track. Piden, además, que se incrementen las penas... Sí. Actualmente la máxima sanción para quien comete interceptación es de tres años y eso significa que no hay prisión efectiva. Planteamos que sea un mínimo de cinco años para que sí la haya. También creemos que se debe penalizar la posesión de equipos, así no haya pruebas de su uso, porque la sola posesión revela una intención. Es decir, quienes cometen interceptación no van a la cárcel... Solo si es funcionario del Estado, la pena puede llegar a 5 años. En el caso que investiga, hablamos de que ninguno de los responsables irá preso... Eso resultaría en primera instancia. Pero aquí hay un tema adicional: la denuncia fiscal también consigna el delito de criminalidad organizada, cuya pena sí es mayor de cuatro años. ¿Tienen indicios de que otras empresas, además de Business Track, hagan interceptaciones? Nosotros estamos investigando imputaciones o informaciones que han llegado a la comisión. Aún no hay indicios razonables para confirmar responsabilidades, pero tampoco para negarlas. Han pedido levantar el secreto bancario de 50 personas, entre empresas y personas naturales. Quiere decir que habría nuevos personajes involucrados. Es posible. Este es un proceso investigatorio y estamos verificando toda la información que ha llegado a la comisión. Pero todo se tiene que mantener en reserva. La responsabilidad de los operadores de telefonía ¿Qué otras propuestas evalúa la comisión? Creemos que debe haber responsabilidades mayores en los operadores de telefonía. La Ley de Telecomunicaciones prevé como una falta muy grave del operador cuando no implementa medidas que garanticen el secreto de la comunicación de los usuarios. Pensamos que debe haber una responsabilidad solidaria, una reparación civil. ¿Una indemnización? Efectivamente. Hay que buscar mecanismos que garanticen realmente la protección de este derecho. Si una persona alquila un vehículo y hay un accidente, el dueño del vehículo, pese a no estar manejando, es tercero civil responsable. Si el operador no implementó medidas adecuadas o subcontrató a personas que hicieron mal uso de las facultades que se les dio, indiscutiblemente debe tener responsabilidad.
