Detención de seis policías por presunto robo reaviva debate sobre reforma de la PNP
La situación ha llevado a que la desconfianza en la PNP aumente porcentualmente a picos históricos. Experto señala que una reforma policial debe abordar la integridad institucional, orientar la profesionalización y fortalecer los mecanismos de control interno.
La República en GoogleLa reciente detención de seis efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a unidades policiales en actividad vinculadas a la Dirección de Inteligencia (Dirin) y al Escuadrón Verde-Terna, pone sobre la mesa la necesidad de una reforma policial en el debate público. Los efectivos son investigados por presuntamente extorsionar y sustraer dinero a un comerciante de la zona de Mayolo. Asimismo, las primeras indagaciones los vinculan con un supuesto intento de asalto a una agencia bancaria de Scotiabank.
Según la denuncia fiscal, los seis policías habrían ingresado al local de un comerciante, ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de Los Olivos, para apoderarse de una importante suma de dinero. La intervención se produjo al día siguiente, cuando los efectivos volvieron al establecimiento, presuntamente con el propósito de sustraer también la mercadería.
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Durante el operativo, las autoridades hallaron un vehículo negro que no tenía placas de rodaje. En su interior encontraron billetes que dieron positivo a las pruebas con reactivos químicos, pues habían sido marcados previamente por la víctima. Asimismo, en los maleteros se encontraron dos placas vehiculares adicionales, cinco armas de fuego y un chaleco antibalas.
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Los suboficiales intervenidos fueron identificados como Randy Scott Sánchez Tupia, Ánggelo Dorregaray Campos, Susan Gloria León Cerna, Kevin Brando Medina Tarrillo, Hans Jonel Zúñiga Huacho y David Alfredo Chaupis Castillos. Los seis efectivos, que permanecían en servicio activo al momento de los hechos, continúan bajo custodia de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR). El Ministerio Público, en coordinación con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), dirige las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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El debate por el cambio en la PNP
Tal como señala el politólogo y analista en temas de seguridad Benjamín Durand, la PNP ha experimentado una drástica caída en la confianza que inspira en la población a raíz de este tipo de situaciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que solo el 13,4% de las personas mayores de 15 años confía en la institución policial.
"Es una situación que afecta directamente la seguridad, porque la población necesita confiar en la Policía para denunciar delitos, brindar información y colaborar con las investigaciones. Además, cuando algunos efectivos participan en actos de corrupción o facilitan las actividades de organizaciones criminales, se debilita la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. Por eso, una reforma policial debe ir más allá de reorganizar direcciones y unidades o cambiar mandos. Debe abordar la integridad institucional, orientar la profesionalización y fortalecer los mecanismos de control interno", indica.
No es el único caso
La necesidad de una reforma policial ha sido planteada de manera reiterada por sectores de la oposición y ha generado respuestas del oficialismo. La más reciente fue la del ministro César Astudillo, quien alzó la voz y protagonizó un conato de bronca con el senador Iber Maraví, luego de que la senadora Ruth Luque afirmara que tenía miedo de implementar una reforma en la PNP.
Este caso no es el único que ha colocado a la institución policial bajo la lupa pública por la presunta comisión de actos delictivos. Entre enero y agosto de este año, se registraron 134 denuncias por corrupción dentro de la PNP. Esta es la cifra más reciente disponible sobre este tipo de delitos en la institución. El analista de datos Juan Carbajal señala que agosto fue el mes con el mayor número de denuncias, con un total de 25.
Desde inicios de este año, este diario ha informado sobre casos y acusaciones relacionados con el cobro de coimas durante intervenciones policiales, la recepción de sobornos para facilitar actividades ilícitas, la manipulación de evidencias y otros presuntos actos de corrupción. Estos hechos se han registrado no solo en Lima, sino también en regiones como Ica y Junín, entre otras.
Ante esta situación, Durand señala que existen mecanismos e instituciones destinados a combatir las malas prácticas de los agentes policiales. Entre ellos figuran la Inspectoría General de la PNP, encargada de investigar las faltas disciplinarias; la Dirección contra la Corrupción, que investiga delitos de corrupción dentro de sus competencias; y el Ministerio Público, responsable de conducir las investigaciones penales. Sin embargo, el politólogo sostiene que estos mecanismos no son suficientes por sí solos.
"El problema es que estos mecanismos no siempre funcionan con la rapidez y eficacia necesarias: entre 2019 y 2023, la Inspectoría acumuló más de 28.000 expedientes por infracciones graves y muy graves, muchos de los cuales terminaron archivados por caducidad o prescripción. Entonces, no se trata solo de contar con mecanismos de control, sino de asegurar que puedan investigar a tiempo y que sus decisiones tengan consecuencias", indicó.
Reforma policial: ¿qué hacer?
Sin objetivos e implicancias claramente definidos, la reforma policial corre el riesgo de convertirse en una propuesta vacía. Para el politólogo, combatir la corrupción dentro de la institución debe ser una de las prioridades del proceso.
"La reforma debería comenzar por identificar dónde existen mayores riesgos de corrupción y actuar sobre ellos. Esto implica supervisar mejor las direcciones que investigan delitos de alto impacto, así como los procesos de compras y contrataciones. También se necesitan canales seguros para denunciar a efectivos involucrados en actos ilícitos, protección para quienes denuncian y un mejor intercambio de información entre la Policía, la Fiscalía y la Contraloría", indica.
El analista también señala otros aspectos que deben tenerse en cuenta: "Se necesita reducir la acumulación de expedientes, evitar que las investigaciones prescriban y asegurar que los responsables de investigarlas cuenten con personal, tiempo y recursos suficientes. Sería importante publicar información periódica sobre el número de denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, casos archivados, sanciones impuestas y motivos de archivo, protegiendo los datos personales y la presunción de inocencia. Asimismo, se deberían identificar las unidades policiales con mayores riesgos de corrupción y reforzar la supervisión en esos espacios".
Por otro lado, algunos sectores sostienen que otro de los objetivos de la reforma policial debería ser la renovación de los altos mandos para dar paso a nuevos cuadros al frente de la PNP. Para Durand, sin embargo, esta medida no constituye por sí sola una solución al problema.
"Cambiar a los altos mandos puede ser necesario cuando existen responsabilidades concretas, pero no resuelve por sí solo los problemas. Si las reglas, los procedimientos de investigación y los mecanismos de supervisión siguen funcionando de la misma manera, las mismas dificultades pueden repetirse con nuevos responsables. La evidencia muestra que incluso las investigaciones disciplinarias pierden efectividad cuando se acumulan expedientes y vencen los plazos. Por eso, además de determinar responsabilidades individuales, se necesita mejorar el funcionamiento de la Inspectoría, garantizar que las investigaciones no dependan de la voluntad de los mandos involucrados y fortalecer la supervisión externa. La reforma debe generar cambios duraderos en la forma en que la institución previene, investiga y sanciona las malas prácticas", señala.
La experiencia de Chile y Colombia
Al plantear reformas integrales, sus promotores suelen tomar como referencia las experiencias de países vecinos. Durand menciona los casos de Chile y Colombia, cuyos procesos de reforma policial ofrecen elementos para el debate peruano.
"En Chile, las reformas a Carabineros han puesto énfasis en la transparencia y el control civil, mientras que en Colombia los procesos de reforma policial han planteado la necesidad de fortalecer la supervisión externa y la rendición de cuentas", señala.
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Sin embargo, el politólogo advierte que el Perú debe tener en cuenta que los cambios normativos y organizacionales no siempre se traducen en un control civil efectivo ni eliminan las prácticas de corrupción.
"La principal lección sería evaluar la creación de un mecanismo externo con autonomía funcional, capacidad para investigar denuncias graves, acceso a información policial y obligación de publicar resultados, que complemente el trabajo de la Inspectoría y del Ministerio Público. La PNP no debería ser la única instancia con capacidad efectiva para examinar sus propias actuaciones".
