Patricia Benavides: PJ evaluó apelación de Fiscalía para dictarle impedimento de salida del país
El abogado de la exfiscal de la Nación pidió que los nuevos elementos de convicción no sean considerados porque el Ministerio Público no siguió el debido proceso para incluirlos en el pedido de impedimento de salida del país desde un inicio.
- Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"
- JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País
El Poder Judicial evaluó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de la Nación para lograr el impedimento de salida del país por 36 meses de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien es investigada por presuntamente liderar una presunta organización criminal en la cúpula del Ministerio Público.
A la fecha, el Ministerio Público tiene por objetivo la anulación del fallo de primera estancia que rechazó dictar la medida restrictiva contra Benavides. Para lograr su propósito, el representante de la Fiscalía argumentó que no se evaluaron de forma adecuada los siete hechos que se le imputan a la investigada fiscal.
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
También, argumentó que se han comprobado los testimonios del colaborador eficaz Jaime Villanueva y otros integrantes del Ministerio Público como Zoraida Ávalos, Rafael Vela, José Domingo Pérez y Bersabeth Revilla.
En la audiencia también se presentaron los argumentos de la defensa de Benavides, los cuales buscan confirmar la decisión anterior del juez supremo Juan Carlos Checkley y contrarrestar la apelación de la Fiscalía, que busca mantener a Benavides dentro del país mientras continúa la investigación.
En defensa, el abogado de Benavides, Christian Salas, solicitó que los nuevos elementos de convicción no sean considerados porque el Ministerio Público no siguió el debido procedimiento para incluirlos en el pedido de impedimento de salida del país.
Patricia Benavides: ¿cuál es su situación actual?
El 23 de abril, la fiscal suprema Delia Espinoza presentó una solicitud para restringir la salida de Benavides, citando riesgo procesal debido a su probable involucramiento en una red delictiva que, según testimonios, incluido el de su exasesor Jaime Villanueva, operaba dentro del Ministerio Público.
Luego, el 23 de junio, se reveló una conversación entre Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Carlos Morán, extitular del Ministerio del Interior, y el exjefe de la Diviac Harvey colchado. Este diálogo podría complicar la situación de la jefa de Estado. En la reunión, la cual tuvo lugar en el Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú, Colchado Huamaní, en su calidad de doble agente, obtuvo un testimonio del abogado donde admitiría que la mandataria habría pagado para obtener los chats que generaron la caída de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Durante la conversación, Mateo Castañeda mencionó a Harvey Colchado que la presidenta le pagó US$30.000 al coronel (r) Martín Gonzáles, alias 'Conejo', para obtener los chats que desencadenaron la destitución de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides.
"Te conté, te he contado que ‘Conejo’ ha hecho esa chamba y la Dina le pagó treinta mil dólares… para que haga la chamba de recolectar esa red de WhatsApp (ininteligible) y ya hecho, pum, te lo trasladaron.", afirma Casteñeda en el audio difundido por ‘Punto final’.
La ex titular del Ministerio Público está siendo investigada por varios cargos relacionados con presunta corrupción y la formación de una organización criminal. Entre los cargos se encuentran tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo específico, falsedad ideológica y encubrimiento personal y real, además de otros posibles delitos que puedan surgir durante el proceso investigativo.
Las investigaciones indican que Benavides habría utilizado su posición como fiscal de la Nación para dirigir y coordinar actividades ilegales dentro del Ministerio Público.
Las acusaciones señalan la manipulación de procesos judiciales y el uso de su influencia para llevar a cabo tráfico de influencias, encubrimientos y ofrecer favores judiciales a congresistas a cambio de apoyo político, incluyendo el archivo de investigaciones.
