Martín Vizcarra: motivos por los que la Fiscalía reabre investigación por compra de pruebas rápidas
Fiscalía de la Nación reabrirá la investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y exministros por el caso pruebas rápidas, basándose en nuevos elementos presentados por la procuradora general del Estado y una denunciante.
La República en GoogleTras un comunicado publicado este martes 2 de julio, en la página oficial del Ministerio Público en X (antes Twitter), la Fiscalía de la Nación decidió reabrir la investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza y Víctor Zamora por el caso pruebas rápidas. Ante ello, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales reexaminará su implicación, basándose en nuevos elementos presentados por la denunciante y la procuradora general del Estado.
Como se recuerda, el caso se centra en la adquisición de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 durante la presidencia de Vizcarra. Estas decisiones fueron tomadas en un contexto de emergencia sanitaria, donde la rapidez en la respuesta era crucial. Sin embargo, las adquisiciones fueron cuestionadas por supuestas irregularidades y posibles actos de corrupción, lo que llevó a la apertura de una investigación preliminar que posteriormente fue archivada.
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Fiscalía reabre investigación contra Martín Vizcarra por compra de pruebas rápidas para COVID-19
Razones para reabrir la investigación preliminar contra Martín Vizcarra
- Descubrimiento de nuevas pruebas: según la abogada Romy Chang, la reapertura de la investigación solo puede justificarse si se han descubierto nuevas pruebas que no fueron valoradas en la investigación inicial. 'La única posibilidad de que eso ocurra es porque han descubierto que existe alguna nueva prueba que no ha sido valorada cuando se activó inicialmente la investigación', expresó la letrada.
- Influencia del informe del Congreso: una de las posibilidades más probables, según Chang, es que la reapertura del caso esté relacionada con un informe del Congreso que cuestionó la decisión de archivar la investigación inicialmente. 'Una de las posibilidades y la más probable es el informe del Congreso, porque (...) cuando se archivó, el Congreso dijo cómo era posible que se había archivado y no se había tomado en cuenta, porque ellos habían aportado como informe. Entonces bueno, como nunca se hizo pública la Resolución de archivos, tal vez eso sea lo que la Fiscalía de la Nación está ahora acogiendo y por eso está reabriendo el caso', sostuvo a La República.
- Deficiencias en la investigación inicial: la abogada Chang también señala que sería difícil encontrar otra razón para reabrir el caso si el Ministerio Público hubiera realizado un trabajo exhaustivo y asegurado que todos los elementos necesarios estuvieran presentes en la investigación inicial. ' Sería bien difícil, porque entiendo, se supone que el Ministerio Público debía haber hecho un buen trabajo o por lo menos asegurarse de que estuvieran todos los elementos necesarios para que el caso estuviera completo, a nivel de investigación', señaló.
- Influencia de la opinión pública: otro factor mencionado por Chang es la posible presión mediática sobre la Fiscalía. 'Es lo más probable (...) que el fiscal haya sentido cierta presión, pero bueno, lo que también es importante tomar en cuenta que independientemente de quién sea el personaje, el Ministerio Público debe siempre velar por el cumplimiento de la ley', indicó la abogada.
- Integridad del proceso judicial: la especialista en derecho penal también comentó que es fundamental que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y que se consideren todos los elementos relevantes para garantizar una resolución justa y equitativa. 'Es muy importante que realmente esa apertura de investigación se encuentra justificada con algún nuevo elemento probatorio, se haya tomado o no se haya visto antes, porque si no estaría resolviéndose de manera incorrecta'.
Cabe resaltar que según la misiva, la investigación preliminar se reabrirá por 120 días, con el objetivo de recabar los actos de investigación contenidos en la carpeta fiscal N.° 131-2020, tramitada ante el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. También se buscará obtener información de 'fuente abierta propuesta por los recurrentes, y otros actos de investigación'.
