Vizcarra sobre Gasoducto Sur: “Odebrecht pidió reunión amistosa con el Estado”
El jefe de Estado dijo haber rechazado el encuentro con Odebrecht para negociar la demanda que la constructora interpuso al Estado Peruano.
La República en GoogleEl presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que la empresa brasileña Odebrecht solicitó una reunión en términos “amistosos” para analizar los temas relacionados al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), sin embargo el jefe de Estado manifestó haber negado la cita por la demanda que la constructora interpuso al Estado por cancelar el proyecto Gasoducto Sur.
“Odebrecht ahora, en estas circunstancias, pide una reunión amistosa con el Estado peruano para tratar los problemas del Gasoducto Sur Peruano, y ¿qué le contestamos?. No, con ustedes no nos reunimos, porque nos han denunciado ante el CIADI", enfatizó.
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Agregó que tampoco aceptaron la cita porque “es una empresa que tiene actos ilícitos”. Recordó que su gobierno se comprometió a luchar contra la corrupción y rechazar cualquier trato con organizaciones investigadas por actos ilegales.
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“Ratificamos, esa ha sido la posición del Ejecutivo, de mi gobierno, y vamos a continuar. Nosotros combatimos la corrupción y por eso también se generan reacciones contra el gobierno”, señaló Vizcarra para RPP.
Asimismo, el mandatario precisó que la constructora brasileña buscó negociar la ampliación del plazo para presentar la demanda contra el Estado por “la puerta falsa”. Para ello pactó encuentros con funcionarios, no obstante, lo que recibió de respuesta fue “un portazo en la cara”.
Sobre las conversaciones del exprocurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramirez, y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu y la exministra Ana Revilla, en relación a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, Martín Vizcarra sostuvo que la propuesta se llevó “por un camino que no corresponde”.
Por otro lado, el jefe de Estado rechazó haber participado en la separación de Ramírez de su cargo de procurador ad hoc para el caso Lava Jato. Dijo que esa decisión depende de la Procuraduría General del Estado, ya que es un organismo independiente del Ejecutivo.
