Jugando con las fichas...

Aunque ha sido casi vaciada de contenido, la palabra “institucionalidad” se usa recurrentemente. ¿Institucionalidad? Quienes trabajan en el Estado, son movidos de sus puestos como si fueran fichas de “sapo” o “ludo”. Nuevo(o) jefa(a) = gran “barrida”. La ineficiencia de un aparato público que no logra ejecutar su presupuesto tiene que ver mucho con una incertidumbre que es fuente de mediocridad y arbitrariedad.

Lamentable que un concepto tan crucial como la “institucionalidad”, esencial en un Estado democrático, se desvanezca. Porque toca desde asuntos medulares -como el equilibrio y separación de poderes- hasta las reglas y procedimientos que permiten a la sociedad defenderse del abuso de poder.

Estamos lejos de eso pues las reglas son difusas y la maquinaria del Estado la convierten en un espacio en el que quienes allí trabajan acaban siendo –muchos de ellos- meras fichas de juegos subalternos de poder. La llegada de nuevos “altos” funcionarios suele venir con sus propias mochilas cargadas de designaciones de personal del terruño o universidad.

La destitución de Hugo Coya, presidente hasta el sábado del ente estatal de radiodifusión y televisión (IRTP), es una señal reciente de precariedad institucional: todo el poder de decisión en un ministro. Como si los medios de difusión estatales fueran feudo del gobierno de turno. Nada que ver, por ejemplo, con el concepto –allí sí, “institucional”- de medio de difusión público que, por ejemplo, regula a la BBC.

Si hubiera rectificación a este estropicio, fuera del lógico cambio de ministro, esta debería ser el radical rediseño institucional de IRTP para impedir que algo así se repita. No puede ser que el poder de decisión de los integrantes del consejo directivo de IRTP, por ejemplo, dependa totalmente de la designación por el ministro o ministra; en su criterio puede estar –¡suele estar! - muchas veces ausente una visión institucionalista. Entidades relevantes de la sociedad deberían integrar ese consejo y tener real poder de decisión para alejarlo de las tentaciones de efímeros politicastros.

Esta precariedad institucional atraviesa toda la maquinaria de un Estado signado por el clientelismo, el compadrazgo y el amiguismo. Eso traba las rutas de una carrera pública, componente esencial de un Estado eficiente. Los funcionarios más calificados están, así, prestos a salir del Estado pues saben de la imprevisibilidad luego de un cambio de ministro o alta autoridad: vuelan decenas de cabezas, como fichas de un juego, para ser reemplazados por “conocencias”.

En esto la perla más visible es el régimen CAS, el principal atentado contra una carrera pública. Signados por la inestabilidad y derechos laborales precarios, a él están sujetas alrededor de 500,000 personas (25% de quienes trabajan en el Estado). Una carrera pública, con reglas y derechos claros, paso histórico para construir institucionalidad, tendría que superar, entre otras, esta rémora.