Fiscal adjunto que investiga a Pedro Chávarry trabajó con él en 2018

La fiscal titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios, Bersabeth Revilla, trabaja junto a su adjunto Alcides Chinchay en la investigación por 90 días contra Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real, desde el 21 de agosto de este año.

Al ser ese ilícito el único que permitió indagar el ahora disuelto Congreso, Zoraida Ávalos denunció a Chávarry por la irregular separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez el 31 de diciembre pasado.

Sobre la base de estos antecedentes, sin embargo, la omisión de la fiscal Revilla de no solicitar hasta el momento la suspensión de funciones de Pedro Chávarry, quien continúa siendo parte clave en la Junta de Fiscales Supremos en el Ministerio Público.

Antecedentes fiscales

De acuerdo a fuentes de La República, el caso contra Chávarry fue encargado al adjunto de Bersabeth Revilla, Alcides Chinchay, quien trabajó como adjunto del exfiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto en el 2018.

Este, además, ha compartido despacho con el exjefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Alonso Peña Cabrera, en la Primera Fiscalía Suprema Penal, en marzo del año 2012. Ambos fueron adjuntos de Chávarry.

Chinchay se desempeñaba como adjunto supremo, mientras que Peña laboraba en dicha área como fiscal adjunto superior. Peña Cabrera, según se recuerda, fue acusado en reiteradas oportunidades por el Equipo Especial Lava Jato desde que les prohibiera preguntar sobre “AG” en las diligencias de interrogatorios a Jorge Barata en Brasil.

Según relataron otras fuentes del Ministerio Público a esta publicación, la vinculación de Alcides Chinchay va más allá de la relación laboral con Pedro Chávarry y Alonso Peña. “Son muy amigos. Todos en la institución saben eso”, señalaron.

No obstante, es necesario destacar que es la fiscal Bersabeth Revilla quien debe decidir si solicita o no una suspensión contra Pedro Chávarry. “El problema es que, aparentemente, confía mucho en Chinchay”, reiteraron las fuentes a La República.

Dos pedidos sin respuesta

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, envió el 23 de setiembre pasado y el pasado 7 de octubre, dos oficios a la fiscal Bersabeth Revilla con el fin de que solicite la suspensión de funciones contra Pedro Chávarry.

Hasta la fecha, ninguno de los documentos a los que accedió La República ha recibido una respuesta. En el primero de ellos se da cuenta del pedido de información que hizo Chávarry el 16 de noviembre del año pasado para conocer detalles de otra investigaciones en el caso Odebrecht.

“La suspensión de derechos que se solicita tiene consonancia directa con el hecho de que el fiscal supremo Pedro Chávarry es integrante de la Junta de Fiscales Supremos (...). Si se mantiene en funciones, conocerá los procesos disciplinarios en contra del suscrito, pudiendo a través de las decisiones que en dicha instancia se genere actos de represalia en la labor fiscal que desempeño”, reza un fragmento del pedido de Rafael Vela.

Por otra parte, el pasado 7 de octubre, Vela también remitió otro oficio en el que pide a la fiscal Revilla solicitar la suspensión de derechos para Chávarry.

Allí se consigna el acta de la Junta de Fiscales Supremos del pasado 16 de agosto, en el que Chávarry exclama: “Estas personas no deben estar en el cargo un segundo más porque están haciendo mucho daño (...) es tiempo de tomar una decisión drástica”.

En el mismo sentido acudieron en respaldo a esta postura los coinvestigados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Se deja constancia también en el documento la voluntad de acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida entonces por el fujimorista Segundo Tapia, con el fin de “que tome conocimiento de las actuaciones".

Posibilidad de suspensión

Las últimas acciones de los tres implicados en Los Cuellos Blancos (Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza) han impulsado la acción del Ministerio Público para detener el avance de iniciativas que buscan perjudicar el acuerdo con Odebrecht así como las pesquisas del caso de corrupción en el Callao.

Ante todo este panorama, sin embargo, es preciso resaltar que el juez Hugo Núñez Julca, dirige el caso y le toca a él aprobar un eventual pedido de suspensión si la fiscal Revilla decide solicitarlo.

No obstante, el proceso sumario que se abrió contra Pedro Chávarry por encubrimiento real, se hace bajo el Código de Procesamientos Penales de 1940, no el Nuevo Código Procesal Penal del 2004. Entonces, no existía la suspensión de derechos para un fiscal supremo.

Entre las opciones que maneja la Fiscalía, además, está el poder realizar una interpretación retroactiva de la norma consignada en el Decreto Legislativo 1190, vigente desde agosto del 2015. En manos de la fiscal Bersabeth Revilla queda la última palabra para solicitar este recurso, independientemente de las recomendaciones que pueda hacer su adjunto Alcides Chinchay.