El 28 de agosto se cumplió un mes desde que Keiko Fujimori asumió la presidencia tras dos décadas de la caída de la dictadura liderada por su padre quien había fugado del territorio peruano. Si bien aún es poco el tiempo para hacer un balance definitivo, también es suficiente para leer algunas señales que el nuevo escenario está produciendo. Lo primero de todo y como documenta este diario: se acabó la luna de miel.
El equipo ministerial es el primer problema visible. De acuerdo con un reporte de coyuntura del Instituto Bartolomé de las Casas, de los 19 integrantes del gabinete, 15 acumulan acusaciones por presuntos delitos que van desde lavado de activos hasta peculado y cohecho. Asimismo, ocho fueron reciclados de administraciones anteriores, las mismas que la mandataria sigue calificando de “catastróficas”. Y al menos cinco pertenecen a corrientes antiderechos que ya mostraron su agenda con la propuesta de intervenir el Lugar de la Memoria (LUM).
Por ello no sorprende las contradicciones entre las promesas emitidas en el discurso inaugural y las decisiones que viene ejecutando el gobierno. La presidenta Fujimori anunció la duplicación de Pensión 65, de S/350 a S/700 bimestrales, como primera medida de su política de protección a los adultos mayores. Menos de mes después, nada menos que en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, la mandataria señaló que esa duplicación se concretará recién en 2027. En otras palabras, los más de 800 mil beneficiarios del programa en situación de pobreza extrema que aguardaban el incremento tendrán que seguir esperando. Lo mismo con el incremento del salario mínimo: el alza de S/1,130 a S/1,300 anunciada en el discurso inaugural se dividió en dos etapas, ambas pendientes.
Pero el Ejecutivo también mostró en este primer mes su disposición a ceder ante presiones corporativas a costa de la demanda ciudadana. Para evitar el paro de transportistas, concedió una rebaja del 90% en papeletas de tránsito, salomónicamente.
Si bien un mes no alcanza para juzgar una gestión, sí alcanza para ver qué tipo de gobierno está construyendo el fujimorismo desde el Ejecutivo. Las señales del primer mes apuntan en una dirección que el país ya conoce bien y que es más fácil de rastrear con el persistente comportamiento autoritario de la bancada de Fuerza Popular en el senado, en la cámara de diputados y en las instituciones constitucionalmente autónomas que mantiene cooptadas como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el TC, y la defensoría del Pueblo.