Socióloga, con un máster en Gestión Pública, investigadora asociada de desco, activista feminista, ecologista y mamá.

La PUCP implementará un nuevo sistema de pensiones universitarias desde el ciclo académico 2027-I, que afectará solo a nuevos ingresantes.

Sin fines de lucro, por Marisa Glave

"La PUCP ha sido una muestra firme de que la educación privada en el Perú puede ser solidaria, democrática y ética, si es que se hace sin fines de lucro".

Sin fines de lucro, por Marisa Glave hnews

La República

El Congreso quiere cogernos desprevenidos, al vernos distraídos aún por los efectos de las elecciones nacionales. El Fuji-Cerronismo, que no es un invento de los caviares, sino la expresión más evidente del llamado “Pacto Mafioso”, operó groseramente contra una de sus adversarias más visibles: Delia Espinoza.

El jueves pasado, Fernando Rospigliosi, fujimorista y presidente del Congreso, puso en debate la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú y dejó la dirección del debate a Waldemar Cerrón, vicepresidente y de Perú Libre, quien operó la trampa contra Espinoza de la mano del presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, también de Perú Libre. Explico cómo.

Acabado el debate, se llamó a votación y Montalvo anunció que había un texto sustitutorio. En teoría, este texto solo debe incorporar elementos del debate que estén en el dictamen y debe ser fundamentado para luego ser votado. Esta vez no fue así.

Como ha señalado el periodista Huacasi, solo hubo dos minutos entre que el texto sustitutorio subió al sistema y el registro de asistencia. Montalvo no explicó los cambios. La trampa estaba en un párrafo añadido en la segunda disposición complementaria final y dice “no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”.

Este párrafo no está pensado para el nuevo colegio de artistas, sino que pretende ser mandatorio para todos los colegios profesionales y ser usado, hoy, para controlar al Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuya decana recientemente electa, Delia Espinoza, ex fiscal de la Nación e inhabilitada por el actual Congreso, es un personaje incómodo para el pacto.

El pleno aprobó con más de 80 votos el nuevo texto. Montalvo solicitó la exoneración de la segunda votación y fue concedida. La norma quedaba plenamente aprobada. La única bancada que expresó su extrañeza por el anuncio de un texto sustitutorio sin debate y sin tiempo para analizarlo fue el Bloque Democrático, que no otorgó ningún voto a favor.

Una vez revisado el texto por su equipo técnico, el Bloque Democrático presentó inmediatamente una reconsideración. Habrá que ver si la próxima semana se vota este pedido, pues Rospigliosi, una vez concluida la segunda votación, levantó la sesión y pidió que se exonere del trámite de aprobación de actas. Es decir, podrían pretender desconocer la reconsideración presentada y que la norma sea promulgada por Balcázar, el presidente títere que tenemos en palacio, el próximo lunes.

Las 12 bancadas que votaron a favor deben explicar públicamente su posición y, en caso de haber sido sorprendidas y estar en contra de esta arbitraria decisión, exigir que la reconsideración presentada sea votada. Esto incluye a Juntos por el Perú, que de manera unánime votó a favor de esta norma. En la segunda vuelta de estas elecciones, sus voceros se presentan como la alternativa no solo al Fujimorismo, sino a su forma de hacer política, pero volvemos a ver en esta votación que se prestan enteros a su juego, como lo han hecho varias veces ya en este Congreso.

Roberto Sánchez, candidato presidencial, es también parlamentario, y la performance de su bancada es tan o más importante que la narrativa que puedan ensayar sus defensores. Tiene acá una oportunidad para demostrar coherencia con su discurso o poner en evidencia, una vez más, que sí forma parte del pacto instalado en el Congreso.

La importancia del CAL

Luego de que Humberto Abanto, abogado defensor de figuras vinculadas al fujimorismo y a Perú Libre, perdiera contra Delia Espinoza en las elecciones internas del CAL, sus patrocinadores no aceptaron la derrota. En lugar de aprender de Abanto, que saludó inmediatamente a la vencedora, están buscando algún motivo para sacarla del cargo.

El CAL ha sido, a lo largo de la historia, un actor visible de la sociedad civil, con vocería pública en torno al debate legal, incluido el parlamentario, con presencia formal en varias de las instancias de concertación que incluyen presencia de representantes de la sociedad civil. Tiene, además, capacidad para llevar adelante acciones de inconstitucionalidad, lo que vuelve al CAL un actor incómodo para quienes hegemonizan el poder en el parlamento y buscan siempre controlarlo.

Ahora que no pueden controlar su dirección vía elecciones, buscan hacerlo vía la inhabilitación. Pero es un contrasentido. Los colegios profesionales no son organismos públicos; son, en estricto, los clásicos actores de la sociedad civil. Son la organización autónoma de sectores de profesionales. Que una inhabilitación para el ejercicio de la función pública los alcance es solo una manera de decir que ahora el Congreso ensaya un nuevo mecanismo de control de la sociedad organizada.

Luces y sombras de los colegios profesionales

La creación de un colegio profesional de una rama tan representativa de la libertad como las artes podría terminar encorsetándolas. La intención de valorar a sus representantes puede terminar siendo un mecanismo de control.

Habría que preguntarse también qué rol realmente queremos que cumplan los colegios profesionales. Por ejemplo, ¿por qué la no colegiatura de médicos migrantes durante la pandemia, pese a que estaba probada y reconocida su formación profesional, debe seguir siendo una limitante para su contratación?

Que los colegios profesionales sean espacios de vocería y participación activa de sectores profesionales es importante. Que puedan tener iniciativas públicas afines a su especialidad, también. Pero que tengan poder para permitir o restringir el ejercicio profesional de personas tituladas es algo que responde más a una lógica corporativa que a una de democracia participativa.

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Alerta: el Congreso no para, por Marisa Glave

López Aliaga, en una muestra más de desequilibrio emocional y tendencia autodestructiva, convocó a una movilización esta semana frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para amedrentar a su presidente, Roberto Burneo, interpelándolo para que anule las elecciones por el supuesto intento de fraude del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto.

En una especie de mitin improvisado –y poco concurrido– el exalcalde señaló: “Si no declaran nula esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un morrocoy enorme para que te comportes como hombre. Ya sabe por dónde se lo voy a meter. El morrocoy se lo vamos a meter, ya sabe por dónde”.

Una declaración que promueve y ensalza la violencia física y sexual, cargada de machismo y homofobia, podría ameritar un proceso por incitación al odio o instigación. Este segundo tipo penal aplica también al llamado a la Insurgencia Civil para desconocer los resultados de la ONPE en caso sean desfavorables a su candidatura. Como ha señalado Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, que pelea voto a voto el pase a la segunda vuelta frente a López Aliaga, si otro peruano hiciera un llamado a la insurgencia, pero se apellidara Quispe ya tendría una detención por flagrancia.

El supuesto plan puesto en marcha por el jefe de ONPE, Morrocoy como la tortuga, buscaba demorar la instalación de mesas de votación en Lima Metropolitana para que los votantes que serían mayoritariamente de López Aliaga se cansen, desistan de votar y de esa manera incrementar el ausentismo.

Esta teoría se desmantela con solo mirar las cifras de ausentismo. Para empezar, a nivel nacional tenemos una mayor participación de la que tuvimos el 2021. Al menos 10% más de la ciudadanía fue a las urnas. Si vemos la página de ONPE, en casi todas las regiones y provincias del país hay alrededor de 5% de ciudadanos que aún no han sido calificados, pues están entre las actas observadas, así que no podemos ver finalmente cuántos fueron a votar. Pero con el 95% restante sí podemos ver una tendencia clara. En Lima Metropolitana al menos el 76% votó. Si el plan de Corvetto era que voten menos en Lima que en regiones afines a Sánchez, el resultado fue un fracaso. Cajamarca, una de las regiones con mayor votación para Sánchez, tiene 64% de asistentes. Huancavelica 61% y Madre de Dios 63%, solo por citar algunas de las regiones donde ganó por amplia mayoría el candidato del sombrero prestado.

Si el equipo de Juntos por el Perú quiere, podría tomar prestada la teoría del Plan Morrocoy y decir que sí existió, pero para bloquear el voto regional y rural, pues el ausentismo es mayor.

Lo que resulta sorprendente es que el verdadero Plan Morrocoy es del Congreso saliente, que realizó un diseño electoral que era una odisea para cualquiera. Quienes estuvieron en centros de votación hasta altas horas de la noche habrán sido testigos de lo complejo que fue para todos los miembros de mesa llevar adelante el conteo de votos para Senadores Nacionales y Regionales, por la gran cantidad de partidos cruzados por todas las opciones posibles de voto preferencial y la confusión entre ambas columnas. El desgano y abandono se presentó ahí. Miremos los resultados de Cajamarca o de Amazonas donde cerca del 60% de la población que sí fue a votar vició su voto o lo dejó en blanco, estando muy cerca del tope de 66% para declarar esas elecciones nulas.

<h2>El daño ya está hecho</h2>

Estas elecciones han sido frustrantes para la gran mayoría de ciudadanos. La foto de la primera vuelta es la de un país altamente fragmentado. Sea que Fujimori pase a la segunda vuelta con Sánchez o López Aliaga, la suma de ambas opciones no llega ni al 30% de votantes. Más del 70% de la ciudadanía que votó no estará reflejada en esa segunda vuelta.

Pero lo más grave viene gracias a la irresponsabilidad del señor López Aliaga que más que ganar, simplemente no soporta la idea de perder. Su discurso inflamado y su incitación a la violencia contra el presidente del JNE y el jefe de ONPE solo generan mayores sombras al resultado final. Si por azar revierte la tendencia del conteo y logra pasar a la segunda vuelta, una parte muy grande del país, particularmente de la sierra sur y norte, así como de zonas rurales, tendrá la percepción que fue porque los organismos electorales cayeron en el chantaje y tuvieron miedo a las amenazas de López Aliaga.

Es absolutamente entendible que en este momento cientos de miles de peruanos y peruanas teman que en Lima les quieran robar su voto, otra vez. Porque así se vería, como un segundo robo.

Por otro lado, si la tendencia se mantiene y Sánchez pasa a la segunda vuelta, un grupo grande de limeños, la única provincia en la que ganó López Aliaga, creerá que el mal manejo, la incapacidad e irresponsabilidad de Corvetto y sus equipos en estas elecciones fueron una trampa, fueron premeditadas y no una negligencia, con consecuencias directas en el voto lo que habría llevado a su candidato a perder las elecciones.

El daño que le hacen a nuestra maltrecha democracia es muy grande. Las posibilidades de agudizar la fractura, no solo la fragmentación, son enormes.

<h2>La segunda vuelta de la señora K</h2>

En este escenario Keiko Fujimori está en una encrucijada. No tiene cómo terminar de definir una estrategia de campaña y no podrá hacerlo en un tiempo largo pues aún falta resolver impugnaciones en Jurados Electorales Especiales y en el propio JNE. Mi impresión es que prefiere mil veces tener a López Aliaga en la cancha, compitiendo con ella, porque sabe perfectamente que es quizá el único candidato al que podría ganarle, gracias precisamente a la personalidad autodestructiva del exalcalde que antes de terminar la primera vuelta selló con broche de oro su gira por el sur del país insultando a las víctimas del régimen de Boluarte y a quienes protestaron contra ella. No en vano él solo tiene 3% del voto rural.

RLA Sunat

Plan Morrocoy, por Marisa Glave

Rafael López Aliaga ha tenido problemas estos días en Puno, Apurímac y Arequipa. En su desesperación al ver que la segunda vuelta se le escapa, que su popularidad va cayendo sostenidamente semana a semana, descarga su frustración contra quienes considera culpables de su situación.

De manera violenta, como es su estilo, ha llamado a los que le recuerdan los vínculos de su bancada con el gobierno de Boluarte, así como su justificación cínica de las matanzas de compatriotas en protestas, como “gente de mierda”. Entre huevos y pifias tuvo que cancelar su última caravana en Apurímac.

En Juliaca, familiares de víctimas del 9 de enero, junto con ciudadanas y ciudadanos que no olvidan el terruqueo de López Aliaga en el contexto de la represión violenta del régimen de Boluarte, rechazaron públicamente su presencia. Simpatizantes del candidato, muy al estilo de Porky, agredieron con piedras y palos a los familiares de las víctimas que rechazaban su presencia en la región. Según La República, al menos tres de ellos resultaron heridos.

Y en Arequipa, en un mitin deslucido, con menos personas de las que esperaban, dedicó varios minutos a insultar a Indira Huilca, mujer política valiente a quien llamó delincuente e inmoral. Me queda claro que la razón de fondo es el pánico que le genera a López Aliaga y a personas como él que Indira pueda llegar al parlamento.

<h2>La fuerza de Pedro Huilca persiste</h2>

La memoria es un dispositivo muy poderoso, sobre todo en contextos electorales. Quienes buscan políticas de impunidad y de olvido, quieren silenciar las voces de la memoria que vuelven cada elección. No sólo Keiko Fujimori, como heredera del gobierno de su padre, sino también parte importante de la derecha conservadora que representa López Aliaga, buscan borrar los atroces crímenes de Estado cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

Esperan lavar la cara de mandos militares que operaron en zonas como Ayacucho donde se impartieron prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos. Secuestros, torturas, violaciones sexuales y asesinatos, seguidos de desaparición en fosas clandestinas o incineración en hornos. Pero también a la política de desaparición, asesinato y tortura en manos de grupos paramilitares, que operaron bajo el mando político de gobiernos de turno. En el tiempo de Fujimori y Montesinos, el grupo Colina.

Este comando paramilitar tenía también objetivos políticos, buscaba amedrentar o incluso desaparecer a líderes políticos que resultaran incómodos al régimen de Fujimori. Pedro Huilca, padre de Indira, obrero de construcción Civil, era el principal dirigente sindical del Perú en un tiempo en el que la tasa de sindicalización superaba el 50%. Era el principal opositor a las reformas neoliberales que el régimen buscaba implementar. Murió pocos días después de anunciar un Paro Nacional y de haber sido amenazado por Fujimori en un CADE, donde lo tildó de terrorista. El terruqueo de ese entonces.

Pedro era un líder social y político peculiar. Claramente ubicado a la izquierda, siempre fue hábil en el manejo dual de la lucha social. De protesta y de diálogo. No en vano su memoria ha quedado grabada en el corazón del pueblo peruano y es conocido también que los principales empresarios de la construcción mantuvieron con él una relación de respeto.

Aún recuerdo un recorrido por comunidades de Ayacucho, junto a Indira Huilca y Tania Pariona, camino a Fajardo. Paramos en una comunidad y en la asamblea un comunero, francamente emocionado, tomó la palabra y dijo que sentía que Pedro estaba vivo, que él fue obrero de niño y que Huilca lo ayudó y formó. Su fuerza podía sentirse en el ambiente y muchos la vemos en Indira.

Por eso su asesinato es asunto histórico, algo que no se debe olvidar, porque fue un golpe en el corazón del movimiento obrero y de la resistencia popular al régimen de Fujimori. Hoy hay una controversia pública en torno a quién lo mató. En primera instancia hay un fallo mayoritario exculpando a Colina, pero hay un magistrado con un voto contrario que sí encuentra suficientes indicios para señalar que Huilca habría sido asesinado por este comando paramilitar. La fiscalía que lleva el caso ha apelado. La familia también. El caso NO ESTÁ RESUELTO.

<h2>La búsqueda de justicia</h2>

No es casual que López Aliaga busque golpear a Indira Huilca, lo hace porque ella es una importante candidata a diputada por Ahora Nación en Lima, plaza que López Aliaga está comenzando a perder. Indira representa no sólo la defensa de los trabajadores y de las mujeres, sino la defensa de los derechos humanos, esos derechos que al ex Cardenal Cipriani, tan cercano a López Aliaga, le parecían una cojudez.

Indira tenía cuatro años cuando mataron a su padre. El pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace en 1997, cuando Indira tenía nueve años. La Comisión envía el caso a la Corte Interamericana cuando Indira tenía 15 años. La razón que prima para la Corte es que la Familia Huilca no había accedido a Justicia en el Perú para saber quién mató a Pedro.

La investigación que se llevó en el tiempo de Fujimori, en la época de la fiscalía de Blanca Nélida Colán, manejó las pruebas a su antojo e incluso exculpó a los senderistas que supuestamente habrían cometido el asesinato. Si Montesinos está o no detrás del asesinato está en debate en la Corte suprema ahora. Pero lo que no está en debate es que durante el régimen de Fujimori se bloqueó la investigación del asesinato de Huilca y esa es la razón por la que se repara a la familia.

Lo que pretende López Aliaga y quienes atacan a Indira es tergiversar la realidad. Es hacer responsable de la investigación de la muerte de Pedro a su familia, a quienes fueron víctimas y no al Estado. Pero no podrán borrar la historia, ni la memoria de Pedro y sobre todo no podrán quebrantarla a ella. Indira sabe bien que estamos luchando por una causa superior a nuestras vidas.

Marisa Glave

Voto con memoria, por Marisa Glave

Quienes hoy gobiernan el país lo hacen en base a un pacto de impunidad. No es un pacto programático sólido como los grandes acuerdos de gobierno que estudian los científicos políticos. Es un entendimiento precario pero muy poderoso, porque concentra los intereses de los principales líderes de los partidos que están hoy en el parlamento y por eso quieren que se mantenga.

Pero saben que la gran mayoría de electores no votará por ellos, entonces usan las leyes como trampa para seguir controlando el Congreso, aunque no tengan los votos suficientes. Nuestra tarea es entender esa trampa y desactivarla con un voto estratégico.

Advierto que desmenuzar los pasos de esta trampa puede resultar tedioso, pero está en juego el futuro del país, así que toca tener un poco de paciencia y leer hasta el final.

Explico un poco más el problema. Si vemos la última encuesta de DATUM, los partidos del “pacto” tienen juntos alrededor de 30% de los votos. El 23% dice que votará blanco o viciado, que no quiere optar por ningún partido en competencia. Finalmente, el 47% de votantes estamos repartidos entre casi 20 partidos.  Este contexto es precisamente el que beneficia al pacto que, con 30% o menos del electorado se puede hacer del 60% o más del Congreso, en sus dos cámaras. Paso a explicar por qué.

<h2>Paso 1: dispersión del voto.</h2>

La decisión del actual Congreso de eliminar las famosas “PASO”, primarias abiertas simultáneas y obligatorias, permitió que todos los partidos inscritos que cumplieran con requisitos básicos pudieran participar y no excluyó a los que tuvieran una votación baja en la primaria.

Esta decisión permite la dispersión total de los votos. Los partidos del pacto, que están hoy en el parlamento, no son tantos. Los más activos son siete y tenemos 36 listas compitiendo. Esto hace que el voto de continuidad del pacto, que no supera el 30%, se reparta entre pocos partidos que, además, tienen símbolos que son más conocidos. El 70% restante de votantes estamos distribuidos entre casi 20 opciones que, siendo la mayoría nuevos registros, tienen símbolos muy poco conocidos.  El voto de resistencia al pacto, que busca un cambio en la política nacional, está disperso y fragmentado.

<h2>Paso 2: la doble valla para cada cámara.</h2>

La trampa electoral incluye la modificación de la valla electoral. Para empezar, no es sólo una para ingresar al Parlamento, sino que hay una valla para ingresar a la Cámara de Senadores y otra para la de Diputados. Un partido con alta votación nacional que logra tener un buen porcentaje en la lista de senadores nacionales, pero no tantos votos concentrados regionalmente, podría entrar sólo a una cámara. Esto dificultará su trabajo pues, si sólo tiene Senadores y no tiene Diputados, entonces no tendrá iniciativa legislativa, pues todo empieza por la llamada cámara baja, por eso es tan importante tener una buena Cámara de Diputados.

Antes la valla era el 5% de los votos o cinco parlamentarios electos. Pero ahora en la Cámara de Diputados se requiere 5% del voto y siete Diputados electos. Con ambos requisitos, cuatro partidos que pasaron la valla en la elección del 2021 no estarían representados en el actual Congreso. La Cámara de Senadores tiene una valla de 5% de los votos y tres Senadores electos, con la complejidad de sumar resultados de una lista nacional y una regional.

Todos los partidos que no pasen la doble valla en cada cámara alimentarán el bolsón de votos nulos y eso quiere el pacto.

<h2>Paso 3: ¡Cinco columnas!    </h2>

Nuestras cédulas electorales tenían tres columnas, una para elegir presidente, otra a congresistas y la última para elegir a parlamentarios andinos. Si vemos los resultados de elecciones pasadas, el número de votos blancos, nulos y viciados aumentan en cada columna. Votamos con menos convicción o conocimiento. Concentramos el voto en la columna presidencial.

Una cédula inmensa, con 36 filas y cinco columnas con dos espacios en blanco para el voto preferencial, está diseñada para la confusión y la frustración. Intentar cruzar el voto puede ser toda una odisea. Recordar por quién quieres votar en una cámara y no en la otra, además de no confundir elección regional al senado con la elección a diputados por cada región es un reto sin precedentes en el país.

Acá el pacto tiene otra vez ventaja. Suele tener un voto concentrado. Pero los votantes de oposición con tantas opciones pueden tener preferencias diferentes para candidaturas presidenciales, de senadores nacionales o regionales y de diputados. La confusión puede llevar a incrementar los votos viciados y la frustración aumentará los votos blancos.

<h2>Paso 4: El bono del voto válido.</h2>

Alta dispersión nos llevará a tener una gran cantidad de votos nulos para el Senado y Diputados. Cinco columnas en una cédula inmensa pueden llevarnos a tener más votos viciados y blancos. Si les sumamos el 23% de votos viciados voluntariamente que reporta la encuesta citada, estamos hablando de un 60% de votos que no definan el resultado final.

Estos votos serán repartidos proporcionalmente entre quienes pasan la doble valla en cada cámara, dando el resultado de “votos válidos” y recién ahí se ve el número de curules que obtiene cada partido. Por ejemplo, si pasan sólo cinco partidos la doble valla de diputados, con Fuerza Popular y Renovación Popular con 15 o 12% del voto cada uno, pueden terminar con el 60% de los curules de esa cámara. Se pelean en campaña, pero trabajan juntos en el Congreso.

No les regalemos el voto en estas elecciones. Evaluemos cómo van las opciones de oposición y hagamos un voto estratégico. Podemos frenar al pacto si desactivamos su trampa electoral.

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