
*Colabora Paola Bustamante Suárez, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Durante las elecciones regionales y municipales del 2014, así como en las elecciones generales del 2016, tres de cada cuatro mujeres fueron víctimas de acoso político durante la campaña electoral. En el año 2020, durante las elecciones extraordinarias al Congreso, el JNE reportó que el 52% de las candidaturas mujeres expresaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político. En el año 2021, durante las elecciones generales, el JNE reportó que el 47% de las candidatas había enfrentado situaciones de acoso político.
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La realidad nos explota en la cara, el acoso político lo sufren y lo enfrentan la gran mayoría de mujeres que deciden entrar en la política. Debemos reconocer y comprender que es una modalidad de violencia que incluye cualquier acción, conducta u omisión que tenga por objeto menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos y públicos solo por el hecho de ser mujer.
Este acoso político se manifiesta de diversas formas, por ejemplo, obstaculizando su participación como candidatas o en el ejercicio del cargo, se las hostiga en redes sociales, se las difama y se ataca su vida privada, entre otras afectaciones.
En abril del 2021, se promulgó la Ley Nº 31115, que reconoce y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Protege a candidatas, autoridades elegidas, funcionarias designadas y militantes que postulen a cargos de dirigencia o representación, desde el momento en que participan en procesos electorales o desde su designación.
Sin embargo, la gran limitación que tiene la norma es que no define claramente las sanciones que se aplicarán en caso se identifiquen los casos de acoso político, no define quién investiga y sanciona y, peor aún, no se ha reglamentado. En ese marco, se ha generado un espacio de oportunidad con el texto sustitutorio generado en el marco del Proyecto de Ley Nº 1491/2021-CR y que, a la fecha, ya cuenta con el consenso en la Comisión de Constitución. Es por ello que 33 alcaldesas han solicitado que se agende en el pleno y se adopten medidas a la brevedad, no podemos seguir permitiendo que el acoso avance en este nuevo proceso electoral.

Los discursos sobre la infancia a menudo ignoran la realidad de niñas y adolescentes, quienes enfrentan violencia y desigualdades severas.

El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.

Las políticas educativas actuales ignoran el bienestar y las necesidades locales, dificultando el desarrollo de una propuesta pedagógica que respete la diversidad cultural y territorial en la región.

Hoy se rinde homenaje a las defensoras de los derechos humanos en un jardín cercano al Ojo que Llora, recordando su lucha y legado durante la violencia política en el país.

"Como ciudadanos, debemos entender que saber perder no es resignarse ante el poder. Es reconocer el derecho del otro a gobernar hoy, mientras preservamos nuestro derecho a disputarle democráticamente el poder mañana".