La inercia europea ante el genocidio en gaza, por Sebastien Adins

Las cifras son conocidas: desde que se desató la guerra en la Franja de Gaza tras los atentados de Hamás en octubre de 2023, han fallecido alrededor de 54 mil personas y unas 120 mil han resultado heridas, en una población de 2,1 millones. Con un 70 % de las edificaciones destruidas, la situación se ha deteriorado aún más desde que el régimen de Netanyahu bloqueó, en marzo pasado, todo acceso a alimentos, medicamentos y otras provisiones básicas en la región.

Con razón, António Guterres ha calificado la situación de “inhumana” y la “política de asedio y hambre” como una “burla del derecho internacional”. Tanto por las acciones del gobierno israelí, como por algunas declaraciones de sus ministros, el debate sobre si aplica mejor el término “genocidio” o “limpieza étnica” carece ya de sentido: a estas alturas, el pueblo palestino es víctima de ambas prácticas. Por otro lado, queda claro que obtener la libertad de los últimos rehenes ha dejado de ser una prioridad de Netanyahu, para quien la prolongación de la guerra constituye un instrumento para mantenerse en el poder, tal como lo ilustra el contundente documental Los expedientes Bibi.

Esta semana, ante el escenario de una hambruna en Gaza, el premier autorizó una ayuda mínima –“por razones prácticas y diplomáticas”–, aunque también anunció una nueva ofensiva y calificó de mero “accidente” el ataque a tiros contra un convoy de diplomáticos en Cisjordania. Ahora bien, al tratarse de una zona ubicada en el vecindario inmediato de Europa, ¿Cuál es la postura de la Unión Europea (UE) frente al drama gazatí?

Oficialmente, y en línea con los Acuerdos de Oslo, el bloque respalda la “solución de dos Estados”, reconociendo además a Jerusalén Este como capital y a la Línea Verde como la frontera de un futuro Estado palestino. Por ello, ha denunciado con frecuencia los asentamientos israelíes en Cisjordania como ilegales. Por otro lado, pese a que no reconoce a Palestina como un Estado –sólo lo hacen 10 de sus 27 miembros–, Bruselas ha sido, de lejos, el principal donante de la Autoridad Palestina desde su fundación en 1994, con miles de millones de euros destinados a ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura y el pago de salarios palestinos.

Asimismo, tradicionalmente, Estados como Francia, Bélgica, Suecia, España e Irlanda han adoptado una postura más bien crítica frente a las políticas israelíes hacia Palestina. Al mismo tiempo, desde 2000 la UE e Israel tienen un acuerdo de asociación que, además de liberalizar el comercio, prevé un diálogo político y una cooperación en ámbitos como la ciencia, educación o cultura. A su vez, para Israel, la UE constituye su principal socio comercial, representando el 32% del intercambio total de bienes.

No obstante, la UE no ha tenido un impacto significativo en la búsqueda de una paz sostenible, más allá de sus declaraciones. Por ahora, Bruselas tampoco ha impuesto restricciones a sus lazos con Israel e incluso continúa importando ciertos productos provenientes de los territorios ocupados. A su vez, tras la cordial recepción de Netanyahu en Budapest el mes pasado, otros gobiernos europeos dejaron entrever que tampoco detendrían al mandatario israelí, a pesar de la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI). Y, si bien funciona de manera independiente de la UE, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) ha permitido la participación de Israel en las últimas ediciones de Eurovisión, y hasta amenazó con sancionar a las emisoras que mencionaran la situación en Gaza durante la transmisión del festival. De allí la pregunta: ¿Por qué esta inercia en la postura de Bruselas frente al genocidio del pueblo palestino? Hay al menos tres factores en juego.

En primer lugar, el principal miembro de la UE, Alemania, sigue estando sujeta a una Schuldkultur –literalmente una “cultura de culpa”–, por haber provocado la Segunda Guerra Mundial en Europa en general y el Holocausto, en particular. Por el mismo temor a ser etiquetados de “antisemitas”, también Austria, Chequia y –hasta hace poco– Países Bajos se han abstenido sistemáticamente de criticar al Estado de Israel. Segundo, en especial gobiernos nacional-populistas, así como partidos de ultraderecha, ven en Netanyahu a un aliado en su “lucha” contra el islam, presentado por estos líderes –Orbán, por ejemplo– como una amenaza para la seguridad e identidad nacional.

Ahora bien, dado que toda decisión en materia de política exterior de la UE debe adoptarse por unanimidad, por las razones señaladas resulta imposible alcanzar una posición común sobre la cuestión palestina. Por último, sin lugar a duda, Israel es el principal socio estratégico de la UE en Medio Oriente, tanto por sus vínculos socioeconómicos y en materia de seguridad, como por ser considerado la única democracia en la región, pasando por alto la constante discriminación contra los ciudadanos palestinos dentro de Israel y la dramática situación en Cisjordania. Tampoco es un dato menor que Alemania se presente como el segundo proveedor de armas de Israel, sólo detrás de Estados Unidos.

Queda manifiesto que esta postura merma la credibilidad de la UE en los países del Sur y, en particular, en el mundo islámico –desde Fez hasta Yakarta–, especialmente si se considera el contraste con su enfoque frente a Rusia, contra la cual ya se prepara un decimoctavo paquete de sanciones, además de la presión ejercida para que otros Estados adopten medidas contra Moscú.

Asimismo, contradice la narrativa oficial del bloque como un “poder normativo” defensor de los derechos humanos y su importante rol en respaldo de la CPI en el pasado. Mientras tanto, otros lo interpretan como una muestra más de la escasa autonomía estratégica que Bruselas mantiene frente a Washington, o bien del temor a posibles represalias de la administración Trump, firme patrocinador del gobierno israelí. Cabe señalar que la inacción de la UE agrava la ya compleja convivencia entre las comunidades musulmana y judía en Europa, y ha provocado una creciente movilización de la sociedad civil a favor de medidas más tangibles contra el gobierno israelí.

En este contexto, Francia, Reino Unido y Canadá han acordado tomar “medidas concretas” si el gobierno de Netanyahu no detiene su ofensiva militar y no autoriza el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. El mes pasado, también se presentó el llamado “Plan Macron” que, además de exigir un alto el fuego y el levantamiento del bloqueo sobre Gaza, retoma el paradigma de la 'solución de dos Estados' mediante el reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia y el impulso a que más países árabes establezcan relaciones diplomáticas con Israel.

Finalmente, varios países de la UE han solicitado revisar el acuerdo de asociación con Israel, así como adoptar un embargo de armas o imponer sanciones, al considerar la importancia que el bloque representa para la economía israelí. Sin negar la importancia simbólica de estas iniciativas, resulta difícil imaginar que prosperen o alteren la situación sobre el terreno, y tampoco contribuyen a que la Unión ejerza una mayor agencia en un asunto tan crucial de la agenda internacional. Entre tanto, a las puertas de Europa, se despliega la más grave escalada de violencia contra el pueblo palestino desde la Nakba de 1948.