Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas, por José Manuel Salazar-Xirinachs

*El autor es Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este Día Internacional de la Mujer es distinto a los anteriores. Aunque los progresos han sido muchos y los desafíos persisten, los acontecimientos de los últimos meses y las profundas rupturas en el orden internacional plantean una coyuntura especialmente delicada. No se trata solo de continuar avanzando en la plena realización de los derechos de las mujeres y las niñas y la búsqueda de la igualdad sustantiva, que son tareas indispensables. Ahora se trata también de hacer frente a resistencias y evitar retrocesos, en un ambiente caracterizado por políticas basadas en la fuerza y el unilateralismo.

Hemos ingresado a una era caracterizada por la imprevisibilidad y las imposiciones de hombres fuertes que ven la colaboración y la cooperación como un signo de debilidad. En este nuevo contexto, atravesado por conflictos armados, rivalidades geopolíticas, desaceleración económica y profundas desigualdades estructurales, las mujeres y las niñas enfrentan una carga desproporcionada. Por eso el lema de este año, "Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas", nos convoca a la acción colectiva.

Transformar los derechos en realidad exige enfrentar las estructuras que limitan la autonomía de las mujeres y las niñas. Conforme con estadísticas oficiales, recogidas en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, una de cada cuatro mujeres en América Latina y el Caribe no cuenta con ingresos propios. Aunque las mujeres en la región tienen más años de estudio, esto no se refleja aún en su plena participación en la economía, la política, la ciencia, entre otros campos.

Por ejemplo, la mitad de las mujeres se encuentra fuera del mercado laboral, en contraste con la tasa de participación de los hombres, que se acerca al 75%. Esta brecha está estrechamente vinculada a la injusta organización del cuidado. Las mujeres dedican casi el triple del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que limita su inserción laboral, reduce sus ingresos y restringe su autonomía. Este trabajo aporta entre un 19% y un 27% del PIB en los 10 países donde se ha medido, y más de dos tercios lo realizan las mujeres.

Por otra parte, la pobreza en la región se ha reducido pero continúa afectando más a las mujeres: por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay cerca de 123 mujeres en la misma condición.

La violencia sigue siendo una pandemia. En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en América Latina y el Caribe, y una de cada cinco menores de edad se unió o casó antes de los 18 años. La impunidad y las barreras para acceder a la justicia perpetúan estos ciclos y debilitan la confianza en las instituciones.

En cuanto a la representación política, las mujeres ocupan en promedio el 36% de los escaños parlamentarios y solo el 17% de las alcaldías. Allí donde se concentran las decisiones estratégicas, su presencia aún no refleja el peso que tienen en la vida pública y social.

Frente a esta realidad, América Latina y el Caribe cuenta hoy con marcos normativos más robustos, institucionalidad y mecanismos para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, la igualdad en la ley no se traduce automáticamente en igualdad en los hechos. El acceso efectivo a la justicia y la garantía de derechos es la condición que permite transformar normas en realidades, romper los ciclos de violencia, discriminación y pobreza y asegurar que la autonomía de las mujeres se materialice en todas sus dimensiones y en todos los países.

En la  reciente reunión en México de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe,  los Estados aprobaron el Compromiso de Tlatelolco, que establece una Década de Acción para acelerar el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Esta propuesta es un aporte de la región al mundo y plantea un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz. Este logro se ve reforzado por la Opinión Consultiva 31 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano autónomo al cuidado.

Hoy el llamado es claro. Los derechos de las mujeres y las niñas requieren justicia para hacerse efectivos, y la justicia exige acción. Sin duda podemos hacer más. Apoyar el liderazgo de las mujeres, incrementar el compromiso de los hombres, la inversión y la voluntad política, es la base para una sociedad mejor, con igualdad, desarrollo y paz. El mundo actual requiere transformaciones urgentes y pocas transformaciones serán tan profundas y universalmente beneficiosas como poner fin a la exclusión histórica de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la sociedad.