Garantizan viabilidad legal y fondos para ejecución de la NCC
Norma técnica asegura que el financiamiento y la gobernanza del proyecto no sufran interrupciones.
La República en Google La Comisión de Transportes del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 14089 y 14141, que propone un texto sustitutorio para establecer medidas de continuidad, priorización y coordinación en la ejecución de la Nueva Carretera Central (NCC).
La iniciativa establece un marco legal que permitirá asegurar la ejecución progresiva de esta obra estratégica, considerada clave para mejorar la conectividad y la competitividad en la macrorregión centro del país.
“El trabajo en unidad entre el Gobierno Regional, la Comisión Multisectorial y el Congreso ha permitido avanzar con una propuesta sólida que asegura la continuidad del proyecto y la seguridad financiera de los recursos. Estaremos vigilantes a su aprobación en el Pleno”, afirmó el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas.
La iniciativa, relacionada con los proyectos de ley 14089 y 14141, busca asegurar un marco legal que permita la ejecución eficiente de esta obra estratégica. Fuente: Difusión.
El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Mori, destacó que este resultado es fruto de una labor conjunta entre distintos niveles de gobierno y actores políticos, lo que permitió consolidar una propuesta viable y técnicamente sustentada.
El dictamen representa un avance significativo al asegurar el presupuesto mediante una ley, quedando ahora pendiente su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Luego, el Poder Ejecutivo deberá garantizar el financiamiento en el mediano y largo plazo.
A su turno, Mori saludó a Junín y a las regiones involucradas por este logro y expresó su confianza en que la propuesta será aprobada en el más breve plazo. “Tenemos la convicción de que se logrará”, sostuvo.
El dictamen fortalece la gobernanza, mejora la coordinación interinstitucional y optimiza la programación multianual. Entre sus beneficios, permitirá reducir retrasos y sobrecostos, mejorar la transparencia y asegurar la ejecución de la obra dentro del marco legal y sin afectar la sostenibilidad fiscal del Estado.
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